Ante el veto desfinanciador de Milei, la comunidad universitaria se moviliza en una tercera marcha federal. La historia muestra que los intentos de vaciar la educación pública encuentran su respuesta más firme en los estudiantes movilizados.
Este miércoles 17 de septiembre, el país será testigo de un nuevo capítulo en un conflicto que parece tan cíclico como definitorio para el futuro de la Argentina. Mientras en el recinto de la Cámara de Diputados se debate el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, en las calles de Córdoba, Buenos Aires y decenas de ciudades del país, una marea humana hará su propio y contundente debate. No es cualquier marcha; es la Tercera Marcha Federal Universitaria, y su convocatoria es un síntoma de la profunda fractura que el gobierno de Javier Milei ha abierto con su proyecto de desinversión y ajuste en el sistema educativo público.
La concentración en Córdoba, cuna de la Reforma Universitaria de 1918 que democratizó el conocimiento en América Latina, arrancará a las 13 horas en el Monumento a aquella gesta. No es un símbolo menor. Es un recordatorio de que los derechos universitarios, conquistados en las calles, no se negocian ni se vetán por decreto. A las 14, la columna comenzará a marchar, llevando consigo las banderas de la UNC, de la UPC y todas las universidades que tienen sede en la provincia. El peso de la historia enseña una lección clara: los golpes más fuertes contra la democracia y la educación, siempre encontraron la primera trinchera de resistencia en los estudiantes movilizados.
El gobierno de Milei, con su negativa a financiar por ley a las universidades, parece empeñado en ignorar esta lección histórica. Al vetar la ley que garantizaba recursos previsibles, el Ejecutivo no solo está condenando a la ciencia, la técnica y las humanidades a una asfixia presupuestaria crónica. Está repitiendo el manual de los gobiernos que creyeron que la educación era un gasto y no una inversión estratégica. Está, en definitiva, desafiando a un actor social que históricamente ha sabido ser termómetro de la resistencia popular.
La convocatoria, articulada de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios y la Federación Universitaria Argentina (FUA), demuestra una unidad férrea. Rectores, docentes, no docentes y estudiantes han entendido que el desfinanciamiento no es una política económica aislada; es un proyecto que busca desmantelar uno de los pilares de movilidad social e igualdad de oportunidades más sólidos del país.
Mientras tanto, desde la Universidad de Buenos Aires, un video viral de estudiantes de Exactas resume el sentir con una claridad demoledora: «Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Por el futuro». En esa frase se condensa la esencia del conflicto: el gobierno lo plantea como una batalla ideológica contra un supuesto «privilegio», mientras que la comunidad universitaria defiende un derecho fundamental que es la génesis del desarrollo nacional.
La historia argentina está plagada de ejemplos. Los gobiernos que intentaron cercenar la autonomía, recortar presupuestos o silenciar las voces críticas en las aulas, siempre se chocaron con la resistencia inquebrantable de las juventudes organizadas. Milei, con su veto, parece querer inscribir su nombre en esa lista de administraciones que subestimaron el poder de la calle y la convicción de quienes defienden la educación no como un gasto, sino como la única moneda de cambio real para un futuro mejor.
Este miércoles, mientras los diputados debaten en el Congreso, la verdadera votación ocurrirá afuera. Será de pié, con banderas, con cánticos. Será la democracia, en su expresión más vibrante y directa, exigiendo que no se apague la luz de las aulas públicas. El gobierno debería tomar nota: cuando los estudiantes salen a la calle, la historia suele tener el mismo veredicto.
Gonzalo Goro – Diario de Punilla