El lanzamiento de vouchers educativos por parte del Gobierno genera controversia, con críticas que advierten sobre el impacto negativo en la educación pública.
El Gobierno ha dado un paso controvertido al introducir el Programa de Asistencia llamado «Vouchers Educativos», dirigido a familias que envían a sus hijos a escuelas privadas con un 75% de subvención estatal. La medida, que buscaría aliviar la carga financiera de estas familias, ha suscitado un intenso debate sobre su impacto en la educación pública.
Según los detalles del programa, las familias elegibles recibirán la mitad del valor del arancel de jornada simple durante los meses de mayo, junio y julio, con un límite máximo de 27.198 pesos por estudiante. Sin embargo, desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), se ha levantado una voz de alarma. Angélica Graciano, Secretaria General de este gremio docente, denuncia que el dinero destinado al Programa de Asistencia proviene del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), lo que podría debilitar los programas educativos nacionales.
La crítica principal se centra en el posible desvío de fondos hacia las escuelas privadas, a expensas de la educación pública. Graciano advierte sobre el riesgo de profundizar las desigualdades y erosionar el derecho fundamental a la educación pública, en un contexto donde las necesidades educativas del país son urgentes.
El comunicado emitido por el Ministerio de Capital Humano revela que casi 2 millones de estudiantes de todos los niveles, desde inicial hasta secundario, podrían beneficiarse de este programa en más de 6.000 establecimientos en todo el país. Sin embargo, el acceso al beneficio está condicionado por un límite de ingresos familiares, establecido en siete veces el salario mínimo, vital y móvil.
Para acceder al programa, las familias deben completar un formulario en línea entre el 3 y el 30 de abril, proporcionando información sobre su situación financiera y el establecimiento educativo al que asisten sus hijos.
Mientras el Gobierno presenta los vouchers educativos como una medida para aliviar la carga financiera de las familias, la comunidad educativa y sindical advierte sobre los riesgos asociados con el debilitamiento de la educación pública.
El debate sobre el equilibrio entre la asistencia a la educación privada y la protección de la educación pública está en vilo, con importantes implicaciones para el futuro del sistema educativo argentino.
Gonzalo Goro – Diario de Punilla | Somos Télam