Familias que confiaron en un sueño de hogar propio fueron desalojadas de manera abrupta en Villa Rivera Indarte. El engaño y la desesperación marcan una jornada que pone de manifiesto las fallas en el sistema de control y protección a los ciudadanos.
En un hecho que ha conmocionado a la comunidad de Villa Rivera Indarte, un desalojo en vísperas de la Navidad, ha dejado a varias familias en la calle, víctimas de una estafa inmobiliaria que revela debilidades en los mecanismos de protección ciudadana.
La mañana del lunes, las familias, que creían tener tiempo hasta fin de enero para permanecer en sus hogares, se vieron sorprendidas por la llegada de un oficial de Justicia y la policía, quienes les informaron que debían abandonar sus viviendas de inmediato. La escena, captada en exclusiva por el periodista Fredy Bustos de El Doce, refleja la desesperación y el desconcierto de quienes, con créditos hipotecarios otorgados por entidades oficiales, pensaron haber alcanzado la tan ansiada casa propia.
El desalojo no solo deja en evidencia la falta de previsión y comunicación por parte de las autoridades, sino que también expone la vulnerabilidad de aquellos que confiaron en un sistema que, aparentemente, no los protege adecuadamente.
En testimonios recogidos en el lugar, las víctimas relatan el proceso de estafa que los llevó a adquirir propiedades en un barrio que, según argumentan, estaba respaldado por programas nacionales como Procrear. Sin embargo, la falta de controles y supervisión permitió que las viviendas fueran adquiridas de manera fraudulenta, sumiendo a las familias en una crisis emocional y financiera.
A pesar de la presencia policial, las familias desalojadas intentan recuperar algunos objetos personales de sus viviendas destrozadas. Se espera que la municipalidad defina qué ocurrirá con las dos viviendas ubicadas en terreno municipal, mientras las familias afectadas buscan respuestas y soluciones.
Este dramático suceso pone de manifiesto la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de protección al ciudadano, así como de mejorar la supervisión de los programas de vivienda para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.
Gonzalo Goro – Diario de Punilla