El expresidente y otros implicados enfrentan medidas judiciales por presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión.
La Justicia Federal ha tomado medidas significativas en relación con la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. Bajo la dirección del juez Julián Ercolini, se ha ordenado la inhibición de bienes no solo para el exmandatario, sino también para varios exfuncionarios y empresarios, entre ellos el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa, la exsecretaria presidencial María Marta Cantero.
El fundamento de esta medida radica en la investigación sobre una posible organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversas entidades estatales durante la presidencia de Fernández. Se alega que estas operaciones involucraron la intermediación de particulares y empresas, así como la inclusión de empresas coaseguradoras de manera irregular.
Las acusaciones apuntan a que el gobierno anterior habría abonado comisiones por encima de las tasas de mercado, y que los seguros habrían sido designados mediante un proceso de selección supuestamente irregular o inexistente.
Alberto Fernández fue imputado en febrero en relación con esta causa, junto con el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y otros implicados. Se le acusa de violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Además de la inhibición de bienes, el juez Ercolini solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las personas y empresas afectadas por esta medida, que ascienden a un total de 33. También se ha requerido a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales integrales de Fernández, Pagliano y Cantero, así como de dos funcionarios actuales de Nación Seguros.
Estas acciones judiciales se suman a una serie de allanamientos realizados recientemente en domicilios y oficinas de empresas y funcionarios relacionados con la causa. Se ha incautado documentación relevante, así como dispositivos electrónicos, en busca de evidencia que respalde las acusaciones de irregularidades en la contratación de seguros durante la administración anterior.
El caso continúa desarrollándose, y aunque Alberto Fernández está imputado en dos causas vinculadas a estas presuntas irregularidades, aún no ha definido su estrategia legal para enfrentar las acusaciones que involucran su gestión como presidente.
Gonzalo Goro – Diario de Punilla | Fuente: Página12