El gobierno de Javier Milei ha dado un nuevo golpe a las provincias argentinas al oficializar un recorte de fondos que afecta especialmente a Córdoba. Este ajuste, que ya se venía implementando, ahora se intensifica, dejando a las arcas provinciales en una situación más comprometida. Sorprendentemente, esta medida se da incluso después de que el gobernador Martín Llaryora expresara su apoyo a la nueva «Ley Bases» propuesta por el libertario.
Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial, Milei derogó varios artículos de la Ley de Presupuesto (27.701) del año 2023, que establecía la actualización de los fondos que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) debía transferir a 13 provincias que aún no habían transferido sus sistemas previsionales al ámbito nacional, incluyendo a Córdoba.
Esta medida, que ya estaba en práctica desde enero para la Caja de Jubilaciones de Córdoba, representa un duro golpe para la provincia y sus habitantes. La publicación del DNU ratifica esta acción y habilita a los gobernadores afectados a iniciar acciones legales contra el Gobierno nacional por la retención de fondos.
Impacto en Córdoba
Córdoba es una de las provincias más afectadas por este recorte en las transferencias no automáticas del gobierno nacional. En la primera quincena de marzo de 2023, la provincia recibió $1372 millones, mientras que para el mismo período de este año, la cifra fue de tan solo $30 millones. Esto representa una caída real del 99,4% en los fondos transferidos desde la Nación.
Reacciones y Perspectivas
Este recorte se suma a una serie de medidas que han afectado a todas las provincias argentinas, generando serias preocupaciones sobre la estabilidad fiscal y el bienestar de la población. A pesar de los reclamos y la resistencia de los gobernadores afectados, el gobierno de Milei parece decidido a seguir adelante con su agenda de ajustes y recortes.
La situación económica y política en Argentina sigue siendo incierta, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ejerciendo presión para que se implementen reformas estructurales. En este contexto, las provincias enfrentan desafíos cada vez mayores para mantener su funcionamiento y brindar servicios básicos a sus ciudadanos.
Gonzalo Goro – Diario de Punilla | Fuente: Cba24