El Defensor del Pueblo Mario Decara solicitó una mirada activa y comprometida con los derechos laborales de las personas con diversidad funcional.
El Defensor del Pueblo Adjunto Hugo Pozzi participó recientemente de la audiencia pública por la Ley de Discapacidad en representación de la institución y del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba Mario Decara.
En ese marco, Pozzi sostuvo que «resulta necesario que las personas con discapacidad participen plenamente en la vida económica y social, tengan oportunidades en el mercado laboral y sean beneficiarios de políticas de innovación e inclusión laboral».
En Argentina, más del 87% de las personas mayores de 14 años con Certificado Único de Discapacidad (CUD) no tiene trabajo. Dentro de ese universo, según el último anuario estadístico del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, hay más de 3.744 personas con CUD que buscan empleo y no lo consiguen.
Además de la falta de empleo, las personas con discapacidad también sufren situaciones de precariedad laboral: 3 de 10 no registran aportes (29,7%), y un 18,7% declara realizar sus propios aportes.
Hoy, en Argentina, el 34% de las personas con CUD trabaja en el sector público, mientras que el 66% lo hace en el sector privado.
También recordó que el marco normativo actual establece que el Estado está obligado a ocupar personas con discapacidad en una proporción no menor del 4% de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo, exclusivamente otorgados para ellas.
Además, sostuvo que ese piso no es aplicable a sectores privados, lo que lleva a la necesidad de instrumentar políticas que garanticen los principios de igualdad de trato y no discriminación para el acceso al trabajo de personas con discapacidad.
Con ese diagnostico, la institución propuso:
– Aplicar incentivos para la contratación de personas con discapacidad en el ámbito privado, extendiendo de esta manera el cumplimiento del 4% de cupo laboral en este sector, con instancias de control y regulación por parte del Estado.
– Ofrecer créditos a tasa cero para empresas que contraten personas con discapacidad a los fines de adaptar los espacios de trabajo para que éstos sean inclusivos, eliminando todo tipo de barreras que dificulten su acceso, movilidad y comunicación.
– Fomentar el cumplimiento del sistema «Empleo con apoyo»; cuyo objetivo es la incorporación laboral y mantenimiento de un puesto de trabajo remunerado por parte de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. El apoyo es proporcionado por el preparador laboral, profesional que va a acompañar al trabajador con discapacidad en todo su proceso de integración social y laboral hasta que pueda hacerlo de manera autónoma. Esta prestación debiera ser cubierta por la obra social correspondiente al empleo que adquiera la persona por un tiempo estimado de entre 6 a 12 meses.
Tanto la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba como las Defensorías del Pueblo de la Región Centro, consideran que esta nueva ley es una invitación a pensarnos desde nuevos paradigmas que trasciendan las ideas hegemónicas de «normalidad» y se acerquen a la perspectiva de la diversidad funcional, promoviendo oportunidades de empleo para personas con discapacidad mediante un trabajo libremente elegido, en un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible.
Esto implica el despliegue de prácticas de participación en la vida social, política, económica, cultural, educativa, sanitaria, laboral -entre otras- para poner así de relieve lo posible, lo diverso, lo inclusivo, como eslabones indispensables para un Estado y una trama social que debe garantizar derechos. ||| Info: Defensor del Pueblo de Córdoba