El presidente Alberto Fernández y doce gobernadores acordaron hoy, en un hecho sin antecedentes en la historia argentina, impulsar de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo la acusación de «mal desempeño de sus funciones» y «manifiesta parcialidad» a la hora de dictar fallos.
El jefe de Estado encabezó en la Casa Rosada el segundo encuentro con los mandatarios que, en línea con el Gobierno nacional, rechazan la medida cautelar dictada por el máximo tribunal en favor de la ciudad de Buenos Aires en torno a un diferendo por los fondos destinados al traspaso de la Policía a la órbita porteña.
Tras la reunión, que se extendió por más de dos horas en el Salón Eva Perón, la Presidencia de la Nación difundió un comunicado oficial en el cual se informa de la decisión adoptada contra Horacio Rosatti, titular de la Corte, y los demás integrantes del tribunal: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Con respecto de Rosatti, se señala en el comunicado que «decidieron impulsar el juicio político contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional».
Sobre los restantes miembros de la Corte, se puntualiza que se solicitará el inicio del proceso de juicio político, por «algunos hechos con distintos grados de responsabilidad».
Con ese propósito, decidieron «pedir al bloque de diputados del Frente de Todos que apoye e impulse el proyecto correspondiente para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional en el Congreso de la Nación».
El comunicado lleva la firma de los gobernadores de las provincias Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Santa Cruz, Alicia Kirchner; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
Poco después de la reunión se dio a conocer el texto del mensaje que el Poder Ejecutivo enviará a la diputada Ana Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, en el que se solicita la apertura del procedimiento de juzgamiento.
En el mensaje se encuadra el pedido de juicio político a Rosatti en la causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional, y se rechaza expresiones del juez de que la legislación organizativa del Poder Judicial de la Nación, «deben necesariamente recabar el previo visto bueno de la Corte», entre otros aspectos.
Destaca que «la pretensión de actuar como una suerte de órgano co-legislador, genera una disrupción en la arquitectura institucional de la República», y que el máximo tribunal del país ha adoptado decisiones «extralimitando sus funciones constitucionales de modo inadmisible».
En cuanto a los «hechos de distintos grado de responsabilidad» de los restantes miembros de la Corte, se enumeran los «atropellos al Consejo de la Magistratura», el «escandaloso» fallo en la demanda de la Ciudad de Buenos Aires, contra el gobierno nacional por los fondos de coparticipación, y los chats del principal colaborador de Rosatti, Sergio Robles con funcionarios de la CABA, entre otros.
Uno de los voceros del encuentro fue el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien explicó a la prensa que la firma del pedido de juicio político se realiza «en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional».
Detalló que la «multiplicidad de hechos irregulares» atribuidos a la Corte, van desde «la violación de la Ley de Ética Pública hasta el mal desempeño».
Estas decisiones tienen que ver con la declaración de inconstitucionalidad de la «ley 26.080», que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada ley 24.937, dijo el gobernador chaqueño.
A estos hechos se suma la medida cautelar en favor de la ciudad de Buenos Aires que, según Capitanich, habla de «manifiesta parcialidad» en favor de un sector partidario, en alusión a la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC).
«Deben ser custodios de la Constitución. Los argentinos y las argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida del patrimonio del honor y de la libertad con miembros de la Corte Suprema de Justicia que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y sobre todo los principios que son esenciales desde el punto de vista al principio republicano», dijo.
El gobernador ejemplificó esto con el fallo de la Corte con el que se ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95%.
«Las provincias argentinas nos sentimos damnificadas por la asignación de recursos de una manera antojadiza. No es cierto que no nos afecta. Nos afecta. Consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias argentinas y del federalismo es una bandera irrenunciable, porque es la base para lograr equidad e igualdad», apuntó.
Aunque durante varios días se había sostenido que el pedido de juicio político sería solo contra Rosatti (además titular del Consejo de la Magistratura), ahora se señaló que el proceso será también contra Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda.
El mandatario aclaró que el procedimiento se iniciará en la comisión legislativa de Juicio Político, donde el oficialismo tiene quórum favorable, que tendrá cuatro meses para hacer su investigación y emitir un dictamen.
Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, comentó que la decisión tomada por el Presidente y los mandatarios provinciales «no tiene antecedentes», y opinó que la Corte avanzó sobre «atribuciones que no les son propias» y que corresponden a los restantes poderes del Estado.
«No es una cuestión solamente de los chats, están los fallos. Es a través de los fallos» que se establece la acusación, aseveró.
El mandatario santiagueño Gerardo Zamora señaló que la Corte desoyó y «ni siquiera contestó» tres presentaciones realizadas por los gobernadores en el caso de los fondos por la seguridad porteña.
Añadió que esa situación «se agrava muchísimo» luego de que se conocieran los chats entre el director de la vocalía y estrecho colaborador de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro.
Zamora presentó una denuncia contra Robles por considerar que está «involucrado en un hecho gravísimo» y dijo que los diálogos con D’Alessandro «son escandalosos».
«La legitimidad del presidente de la Corte Suprema está totalmente en duda y con ello el Estado de Derecho», añadió.
El Presidente estuvo acompañado en el encuentro por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y por el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, y según fuentes oficiales, algunos mandatarios provinciales siguieron la reunión vía zoom y suscribieron el comunicado en forma virtual.
Fuente: Télam