Las obras, ejecutadas por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, permitirán a estos municipios desarrollar sus redes colectoras domiciliarias, recolectando y tratando los efluentes cloacales de manera adecuada. Actualmente, las infraestructuras se encuentran en la fase de puesta a punto y realización de pruebas previas a su habilitación final.

Detalles por cuenca

Cuenca Media: La infraestructura básica en Cosquín, Santa María de Punilla y Bialet Massé incluyó la instalación de 25 km de cañerías de distintos diámetros, con cloacas máximas e impulsiones, además de la construcción de seis estaciones de bombeo y una nueva planta depuradora de aguas residuales.

Cuenca Sur: En esta zona, que incluye las localidades de Cuesta Blanca, Villa Icho Cruz, Tala Huasi, Mayu Sumaj, San Antonio de Arredondo y el sector sur de Villa Carlos Paz, se instalaron 16 km de cloacas máximas e impulsiones cloacales y seis estaciones de bombeo. Los efluentes serán tratados en la planta depuradora existente en la variante Costa Azul.

Cuenca Oeste: Las obras en Tanti, concluidas el año pasado, comprendieron la instalación de más de 6 km de cloaca máxima e impulsión, una estación de bombeo y una nueva planta depuradora.

Inversiones adicionales

Además de los 60 millones de dólares destinados a estas tres obras principales, la Provincia ha realizado otras inversiones en infraestructura cloacal en la región. En 2019, se financió la construcción de redes colectoras en Villa Carlos Paz para los barrios Santa Rita, Sol y Lago, Los Eucaliptos y Villa Domínguez, y en 2023 se continuó con una nueva etapa en barrios del sur de la ciudad, como La Quinta, Colinas de Villa Carlos Paz y El Fantasio. El monto total de estas obras adicionales fue de aproximadamente 3 millones de dólares.

Estas obras básicas de saneamiento representan una mejora en el tratamiento de los efluentes cloacales de las localidades de la cuenca del Lago San Roque, cumplimentando su contribución a la mejora de la calidad de vida y a la preservación ambiental en el Valle de Punilla.

Fuente: Prensa Cba.

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«El ‘Gasoducto Presidente Néstor Kirchner’ cambia su nombre: a partir de ahora se llamará ‘Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno’. Saludos. Fin», tuiteó Adorni, con un tono tan breve como las acciones tangibles en obra pública.

Este cambio no es un hecho aislado. El Gobierno ya había redoblado esfuerzos en su ofensiva simbólica hace algunas semanas, reemplazando el nombre del Centro Cultural Kirchner (CCK) por “Palacio Libertad”, y borrando así un apellido con fuerte carga histórica para el país. La movida fue acompañada de una estética de redes sociales que recibió una considerable cuota de burlas.

Este enfoque también alcanzó a otros espacios simbólicos en la Casa Rosada, como el Salón de las Mujeres, que ahora se llama «Salón de los Próceres» tras la decisión de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La justificación, según Adorni, es que «tal vez sea discriminador para los hombres», un argumento que resonó como otra provocación innecesaria. Las figuras de Diana Sacayán, Juana Azurduy, Mercedes Sosa, y otras personalidades icónicas fueron reemplazadas por nombres como Julio Argentino Roca y Carlos Menem, favoritos del nuevo gobierno.

La tendencia continuó con el Salón de los Pueblos Originarios, renombrado «Salón Héroes de Malvinas». En un gesto que pocos entendieron, se eligió este espacio para honrar a los caídos de la Guerra de 1982, pese a que ya existe un patio interno con la misma función en la Casa de Gobierno. Incluso, el presidente elogió a Roca, figura responsable de la llamada «Conquista del Desierto», una campaña que terminó con la vida de miles de indígenas en el sur del país.

Mientras tanto, las obras de infraestructura y los proyectos de mejora en servicios básicos parecen quedarse en pausa. Con cada rebautizo, se profundiza la percepción de que el actual Gobierno se enfoca en el revisionismo antes que en la construcción de una agenda de progreso.

Diario de Punilla

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El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, fue recibido este miércoles en Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Durante la reunión, se discutieron varios puntos clave que la provincia considera esenciales en su relación con la Nación, tales como la situación de la Caja de Jubilaciones, las obras públicas, el transporte público y los fondos destinados a la docencia.

Guillermo Francos, recientemente nombrado jefe de Gabinete y conocido como el hombre «más político» del gobierno de Javier Milei, lleva a cabo una serie de encuentros con varios gobernadores provinciales. Llaryora fue el primero en ser recibido y planteó la necesidad de avanzar en el traspaso de obras públicas nacionales actualmente paralizadas, para que puedan ser completadas por el Gobierno provincial. Este reclamo es compartido por otros gobernadores, independientemente de sus diferencias ideológicas.

Aunque no se firmó un convenio específico con Córdoba durante esta reunión, la Jefatura de Gabinete informó que se discutió el «futuro traspaso de obras públicas» y temas relacionados con el desarrollo económico y productivo de la provincia. Antes de la reunión, Llaryora había señalado que sus prioridades incluyen la autopista San Francisco-Córdoba y la autovía Holmberg-Río Cuarto.

Después de Llaryora, Francos recibió al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y al de Neuquén, Rolando Figueroa. Con estos últimos, se acordó el traspaso de obras públicas en ejecución que quedaron paralizadas, sumándose a convenios similares ya celebrados con las provincias de Entre Ríos, Jujuy y Chaco.

Francos continúa liderando la búsqueda de acuerdos para la media sanción en el Senado del proyecto de ley y el paquete fiscal, en su rol como jefe de ministros.

La reunión entre Llaryora y Francos subraya la necesidad de cooperación entre la Nación y las provincias para enfrentar desafíos comunes, como la finalización de obras públicas esenciales y la mejora del transporte y la educación.

Gonzalo Goro – Diario de Punilla | Fuente: NA

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Debajo de los equilibrios que en el gobierno festejan como goles se cuece una espesa realidad. El contraste es llamativo. Mientras la inflación, aún alta, continúa marcando la senda de la desaceleración y el tipo de cambio se mantiene estable, los principales indicadores productivos muestran un deterioro flagrante.

Así lo evidencia el uso de la capacidad instalada de la industria que, según Indec, acumuló en marzo su cuarto mes de caída interanual. El reporte oficial da cuenta que sólo se utilizó el 53% de la estructura productiva disponible. Producto de la recesión económica, los doce sectores fabriles observados presentaron valores en rojo en comparación con marzo del 2023. De todos ellos se destaca la metalmecánica que fue el que más cayó al haber utilizado solo el 38% de su capacidad (20 puntos menos que hace un año atrás).

Un dato a destacar al ser los talleres metalmecánicos proveedores de múltiples sectores de la industria. Son una correa de transmisión de las unidades productivas en crisis por la falta de demanda, en donde el parate de la obra pública nacional hizo gran parte. Pero no solo la construcción es intensiva en la demanda de hierro, chapas, láminas y alambres, entre otros derivados de las industrias metálicas. La industria de línea blanca junto con la automotriz también lo son y sus niveles de actividad van para abajo.

“La industria no está en la agenda del presidente”

“A nivel nacional se vienen perdiendo más de 7 mil puestos de trabajo desde diciembre último,” enfatizó ante La Nueva Mañana el secretario general de los metalúrgicos de Córdoba, Rubén Urbano. La caída de ventas más la promesa de apertura importadora para diferentes manufacturas industriales hizo que las fábricas planchen su producción o directamente la contraigan. “Donde está pegando más fuerte es en los electrodomésticos línea blanca. En Córdoba hemos tenido problemas con Mabe (ex Drean que despidió 200 trabajadores en la planta de Luque) en la producción de lavavajillas,” señaló al medio.

La baja de las ventas de lavarropas y lavavajillas afecta a toda la cadena de valor. Por lo que “el efecto derrame de la recesión también impactó en una fábrica de motores que despidió a 40 trabajadores,” especificó Urbano. Pero no es la única cadena afectada, en las fábricas de grifería y el sector autopartista también se advierten profundos números en rojo. Para Urbano esto ocurre porque “no hay interés en la industria. Evidentemente no está en la agenda del presidente. A pesar de que todos sabemos que sin industria no hay nación”.

La principal acerera del país vuelve a parar la producción

La recesión no deja resquicio sin penetrar en el país. Durante la semana se dio a conocer que, consecuencia de la crisis que atraviesa al mundo productivo, la acerera Acindar parará su producción por segunda vez en el año. Desde la empresa explican que el haber llevado el gobierno la obra pública nacional a cero y con la obra privada en bajo nivel tienen un excedente de producción. Ocurre que desde la principal siderúrgica de Argentina se produce más de la mitad del hierro de construcción usado en el país que hoy no tiene demanda.

Con una capacidad instalada de 1,7 millones toneladas anuales, Acindar prevé para este año producir menos de la mitad. En efecto, se trata de una depresión que afecta a miles de trabajadores. Concretamente serían 3 mil los trabajadores afectados que entrarán en un esquema de suspensiones, mientras que otros mil puestos de trabajo de diferentes unidades productivas que ofician de proveedores también quedaron bajo pronóstico reservado.

La construcción en crisis, con más de 4 mil obras paradas

Al interior de la cámara que nuclea a las constructoras más importantes de Córdoba sostienen que la realidad del sector se asemeja a “una película de terror”. Las obras paradas a nivel nacional se contabilizan en más de 4 mil y aún no tienen claridad de que vayan a reactivarse próximamente. “Imaginá lo que puede pasar si ni siquiera se activan las obras de mantenimiento de rutas, hospitales, escuelas… es insustentable,” comentó un importante empresario del sector.

En el mundo de la construcción se da una particularidad típica de contextos de crisis profunda: actores antagónicos como trabajadores y empresarios comparten el diagnóstico en un 100%. Los une la depresión, con efectos diferentes, claro está. “Si a principio de año teníamos incertidumbre, ahora tenemos certeza: se ha parado toda la obra pública a lo largo y ancho del país,” dijo a La Nueva Mañana el secretario general de la UOCRA, Néstor Chavarría, quien contabilizó en 100 mil los puestos de trabajo directos perdidos, solo en el segmento formal.

Cae el trabajo y crece la informalidad

En efecto, al ser la construcción un sector dinamizador que demanda productos de otros sectores al emplear caños, pintura, cales, yeso, hierro, maquinarias, entre otros, incorporando en la ecuación el empleo indirecto vinculado a la construcción, habría más de 600 mil empleos afectados, comentan en el sector. En Córdoba, según el dirigente de UOCRA, serían más de 40 mil entre directos e indirectos.

Además, alertó sobre otro fenómeno: dado que el empleo informal se mantiene o, inclusive, hasta aumenta un poco, el equilibrio histórico entre trabajadores formales e informales se rompió. El sector pasó de tener 6 asalariados registrados cada 10 trabajadores de la construcción a “un 50% de trabajadores que están hoy en el circuito informal”. Lo cual significa que se precariza el empleo de la construcción en este contexto de caída de la actividad.

En suma, mientras de la mano de la recesión, el cepo y el atraso de los principales precios de la economía el gobierno logra moderar la inflación y estabilizar el dólar, el anverso de ello es desolador: se retrae la actividad industrial, aumenta el desempleo, se demandan menos alimentos, se desploman las ventas de electrodomésticos y se consume casi 10 kg menos de carne por habitante que el año pasado, por mencionar solo algunos indicadores. Los indicios de una reactivación aún no se ven.

Redacción Diario de Punilla | Fuente: Nota original de Facundo Piai LNM

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; el intendente local, Ariel Sujarchuk; el secretario general del municipio, Carlos Ramil; y la directora del Jardín de Infantes N° 930, Mariana Peña, encabezaron la inauguración del Jardín de Infantes N° 930 y del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Vanesa Noicoff” en la localidad Matheu, partido de Escobar.

En su discurso, Kicillof resaltó la importancia de la escuela pública como garante de un futuro prometedor para los niños y niñas bonaerenses, subrayando que estas instituciones representan el compromiso de la sociedad hacia las generaciones venideras. Además, cuestionó las afirmaciones que desacreditan el rol del Estado, enfatizando que iniciativas como el jardín y el centro de salud demuestran la verdadera esencia del gobierno: brindar servicios esenciales a la población.

Con una inversión de $148 millones, el jardín de infantes proporcionará educación de calidad a 200 niños y niñas del barrio 1° de Julio, dotando al establecimiento con instalaciones modernas y funcionales. Por su parte, Sileoni destacó el valor de la educación pública como formadora de ciudadanos íntegros en una sociedad marcada por la adversidad.

Además, se anunció la ampliación de la oferta educativa a través de la Fundación María Guadalupe, con la intención de brindar oportunidades educativas a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

En el ámbito de la salud, Kicillof inauguró el primer CAPS del barrio Itatí, con una inversión de $364 millones, beneficiando a más de 20 mil residentes de la zona y aliviando la demanda en otras instituciones sanitarias. El intendente Sujarchuk destacó el papel fundamental del Estado en la creación de estas infraestructuras, enfatizando la necesidad de defender los recursos destinados al progreso de la provincia de Buenos Aires.

La ceremonia contó con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; los subsecretarios de Educación, Pablo Urquiza, y de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; así como el diputado provincial Leonardo Moreno, y funcionarios locales.

Gonzalo Goro – Diario de Punilla | Fuente: Infogei

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El representante de la cartera cooperativista recorrió la Cooperativa Agropecuaria y Apícola de Villa de Soto, la Cooperativa Limitada de Luz y Fuerza, y el Hotel Municipal de Turismo. En esta última parada llevó adelante un encuentro con referentes del sector.

En su paso por la localidad, Gill indicó que su llegada a Villa de Soto fue para ”estar cerca de los desafíos que cada una de las cooperativas y mutuales tienen en sus tareas todos los días”.

Llaryora en Cruz del Eje

En Cruz del Eje, Llaryora anunció una inversión de $3.800 millones para la repavimentación de la ruta 15

El gobernador Martín Llaryora presidió en Cruz del Eje la reunión del gabinete provincial, en cuyo transcurso anunció la realización de distintas obras para esa región.

Señaló el mandatario que pese a las dificultades es imprescindible reacondicionar la ruta 15, en el tramo entre Tres Arboles y La Higuera, para lo cual comprometió una inversión de 3.800 millones de pesos.

“Quiero que el norte sea impulsado al progreso, al crecimiento y al desarrollo”, sostuvo Llaryora. En esa línea, se comprometió a abrir en Cruz del Eje una delegación del Gobierno de la Provincia.

Respecto a las posibilidades de desarrollo del norte provincial, dijo que en “Mina, Pocho, Cruz del Eje e Ischilín vamos a promocionar el turismo y la producción, con lo cual pienso hacer un paquete de medidas que incentiven obras e inversión a través de diferimientos o desgravaciones impositivas”.

Indicó asimismo que dará instrucciones a las autoridades de la Universidad Provincial de Córdoba para que se reúnan con autoridades locales, evalúen los requerimientos y lleven al norte las carreras que se necesitan para fortalecer el polo educativo.

Para que las escuelas estén en condiciones para el próximo período lectivo, la semana venidera llegarán a la ciudad 30 millones de pesos del Fondo para la Descentralización  del Mantenimiento de Edificios Escolares.

Llaryora ratificó la continuidad del programa Vida Digna

Este lunes por la tarde, luego de la reunión de Gabinete, el gobernador Martín Llaryora entregó en Cruz del Eje aportes correspondientes a los programas provinciales Más Vida Digna y Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA´s), y créditos del Banco de la Gente,

En ese marco, el mandatario provincial anunció la continuidad del programa Más Vida Digna. “Para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes para cumplir con esta segunda entrega y para decirle a todo Córdoba que este programa maravilloso sigue”, dijo.

El gobernador entregó fondos de este programa a 266 beneficiarios de la región (tres desembolsos corresponden a primeras cuotas y 263 a segundas cuotas). Se trata de créditos sin interés, para que las familias puedan construir o finalizar un baño o dormitorio.

El monto total del crédito es de 400.000 pesos (el primer desembolso es de 240.000 pesos y el segundo de 160.000 pesos). La inversión provincial total en esta entrega asciende a 42.800.000 pesos.

Banco de la Gente

El gobernador entregó también 43 créditos correspondientes a la línea para iniciar o potenciar emprendimientos del Banco de la Gente. Son préstamos de 350.000 pesos sin interés, con tres meses de gracia, a devolver en 30 cuotas (actualizables cada seis meses por el 50% del Índice de Variación Salarial).

Los beneficiarios podrán ir a cobrar al Banco de la Provincia de Córdoba a partir del jueves 21 de diciembre. La inversión provincial en esta oportunidad fue de 15.050.000 pesos.

Los préstamos están destinados a aquellos trabajadores que han realizado cursos de oficio, tienen un emprendimiento y necesitan contar con un capital semilla para la adquisición de maquinarias, herramientas e insumos que les permita mejorar el emprendimiento que llevan adelante.

Entrega de BPA’s

El Programa de BPA’s incentiva a los productores agropecuarios para que implementen prácticas que fortalezcan la sostenibilidad del sistema agroalimentario.

Asimismo, posiciona a la Provincia de Córdoba como una referencia en la adopción regular y sistémica de BPA’s en el sistema de producción, contribuyendo al desarrollo sostenible.

En esta oportunidad, se entregaron 20 aportes por un total de 1.721.280 pesos.

Fuente: Prensa CBA

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El nuevo sistema de defensa será licitado el 8 de febrero próximo, tendrá un plazo de ejecución de 24 meses y un presupuesto oficial de 5.191 millones de pesos, con valores a septiembre del año pasado.

La obra se iniciará en la zona de Villa Añatí, en la ciudad de San José del Rincón, y se extenderá hasta el kilómetro 16,7 de la ruta provincial 1, en jurisdicción de la localidad de Arroyo Leyes.

La ministra de Infraestructura provincial, Silvina Frana, destacó que la obra dará respuesta a un reclamo histórico y consideró que «será emblemática para el departamento La Capital, no sólo por su extensión, complejidad e inversión, sino porque dará tranquilidad a la zona y mejorará sustancialmente la calidad de vida de los vecinos».

A su vez, el secretario de Recursos Hídricos, Roberto Gioria, explicó que la construcción del terraplén se ejecutará mediante material refulado, a excepción del tramo al oeste del Loteo Lagos del Leyes donde se ha proyectado la construcción por el método convencional, con suelo cohesivo compactado.

«La obra tendrá su inicio en el terraplén de defensa de Villa Añatí, en el kilómetro 8,2 de la ruta 1, hasta su cierre en el Km 16,7. Contará con seis estaciones de bombeo, con su respectivo abastecimiento eléctrico y reservorios», detalló el funcionario.

Los trabajos incluyen obras de intervención arquitectónica que contemplan el arbolado sobre talud seco y talud húmedo del terraplén, la construcción de playones miradores, estaciones aeróbicas, rampas de acceso, bicicleteros, bebederos, bancos, iluminación y cartelería.

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«Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019», expresó ayer la expresidenta en Twitter tras la negativa del tribunal.

En ese marco, anunció que hoy a las 11, «a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales».

El rechazo a su pedido de ampliación de la indagatoria fue comunicado por el presidente del TOF2, Rodrigo Giménez Uriburu, tras una deliberación de 30 minutos con sus colegas Andrés Basso y Jorge Gorini, con quienes coincidió en que la próxima instancia que tiene la vicepresidenta para exponer ante el tribunal es la que se conoce como «últimas palabras», previo al veredicto.

Ayer se completó la novena audiencia del alegato acusador en la causa también conocida como Vialidad, en la que los fiscales pidieron penas para todos los acusados.

Sobre el pedido de condena a Fernández de Kirchner, el Frente de Todos advirtió que se trata de un intento de proscripción o condicionamiento contra la exmandataria.

El debate se reanudará el 5 de septiembre.

Fuente: Télam

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Los fiscales que intervienen en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 dieron este viernes por probado que durante ese período los gobiernos kirchneristas se manejaron de modo arbitrario para beneficiar al empresario Lázaro Báez y comenzaron a cerrar así el alegato acusador.

En la octava de las nueve audiencias solicitada por la fiscalía para sus alegatos, los magistrados Diego Luciani y Sergio Mola insumieron la mayor parte del tiempo en reseñar parte de sus exposiciones anteriores para asegurar que está acreditada la comisión de los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y administración fraudulenta.

Se espera que, tal como anunciaron al inicio de su alegato, en la audiencia del lunes 22 los fiscales pidan penas para todos los imputados, entre los que está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque de lo expresado en la audiencia de hoy surgiría que no acusarán al exfuncionario del ministerio de Planificación, Carlos Kirchner, primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner.

“Fueron doce años de arbitrariedades de un apartamiento sistemático de las leyes. Realizaron acciones corruptas, ilegales durante años”, sostuvo el fiscal Luciani, para luego agregar que “resulta indudable que todos los integrantes se conocían y formaban parte del plan delictivo destinado a sustraer y apoderarse de los fondos (del Estado)”.

“La expresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) tuvo el dominio sobre los funcionarios cómplices y el empresario fiel que dieron continuidad a estas maniobras delictivas”, afirmó minutos más tarde el fiscal Mola al exponer otra parte del alegato.

En su turno, Luciani aseguró que “todos los miembros de la asociación ilícita sabían quién era Lázaro Báez y qué representaba, él era Néstor y Cristina Kirchner” por lo que afirmo que no “hubo sólo conocimiento sino voluntad de cumplir todos los roles asignados para cumplir con el plan criminal”.

El fiscal aseguró, además, que dinero supuestamente desviado de las arcas del Estado fue luego “reciclado” a través de “maniobras de lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades», hecho que se analizó en la causa Hotesur-Los Sauces.

A la misma hora que Luciani se refería a aquella causa en la cual los imputados fueron sobreseídos por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5, la Cámara Federal de Ccasación Penal notificaba a las partes a cerca de la fijación de fecha de audiencia para analizar si confirma o revoca los sobreseimientos.

La audiencia comenzó, como las siete anteriores, a las 8.30 y se desarrolló de modo semipresencial ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

«Ya hemos acreditado que el dinero percibido por el grupo Báez no se destinó al desarrollo de las obras que se adjudicaron», recalcó el fiscal Diego Luciani en el primer tramo de su exposición de este viernes, en la cual insistió en vincular directamente al empresario con los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Luciani mostró mensajes entre Báez y el entonces secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, en los que, de acuerdo con su ponderación, se advierte que eran «contratistas contratantes, una misma parte».

Luego intervino Mola, quien en principio se enfocó en las denuncias públicas de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre la persecución política a través de este proceso penal al sostener que «el ‘lawfare’ como construcción jurídica no existe».

«El ‘lawfare’ no existe y no es más que un entramado político que busca desacreditar hechos graves de corrupción», sostuvo Mola.

Cuando finalicen los alegatos de las fiscalía, comenzará al turno de los abogados defensores, que buscarán utilizar en su favor todo lo ocurrido durante el juicio que lleva más de tres años, en el que testigos de los más variados rechazaron que hubiera habido irregularidades en la asignación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Además de Báez y la vicepresidenta, en esta causa se encuentran imputados el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el exsecretario López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, entre otros.

Sobre Carlos Kirchner, exfuncionario de Planificación Federal, la fiscalía sostuvo que “no hay pruebas sobre algún aporte o participación” en la supuesta asociación ilícita y que “no está despejado ni siquiera en la instrucción si el área creada y donde fue designado el primo del presidente, era un paso más en la organización delictiva”. ||| Info: Télam

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Además, apuntaron contra lo que denominaron el «partido judicial», que garantiza «la impunidad» del expresidente Mauricio Macri y «protege los privilegios de unos pocos».

Así se expresó esta noche el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en su cuenta de Twitter, donde escribió: «Contra el lawfare y la persecución a Cristina Fernández de Kirchner».

En esa misma línea, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, publicó una foto de la vicepresidenta y comentó: «La conductora de los sueños y esperanzas de un pueblo que nunca, pero nunca la va a dejar sola».

Y la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, afirmó que a la dirigente peronista «la persiguen porque cuestionó los privilegios de algunos para defender los derechos de las grandes mayorías de nuestra patria».

El jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, destacó su «total apoyo» a la vicepresidenta y expresó en Twitter: «Esta escandalosa persecución a la principal líder política de nuestro país es inadmisible. En democracia debe prevalecer la verdad y la justicia».

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Alvarez Rodríguez, escribió: «Un juicio que es la evidencia del lawfare. Fuerza compañera Cristina, estamos con vos».

En tanto, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y referente de La Cámpora, Andrés Larroque, señaló que a Cristina Fernández de Kirchner «la persiguen por defender a los argentinos y las argentinas del mismo poder económico, mediático y judicial que hoy la quiere proscribir».

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó: «Los jueces, fiscales, políticos y periodistas empleados del poder económico siguen persiguiendo a Cristina, mientras Cristina sigue defendiendo al pueblo».

La senadora nacional por Mendoza y presidenta del Partido Justicialista mendocino, Anabel Fernández Sagasti, escribió: «En una saga más de Comodoro Netflix, ahora nos dicen que las pruebas se pesan. Y para rematar, un fiscal que sólo grita para la tribuna y no funda en derecho. Nada nuevo bajo el sol», junto a una captura de una nota del portal periodístico Clarín que se titula «Vialidad: El fiscal inicia su alegato el lunes basado en tres toneladas de pruebas que complican a Cristina Kirchner».

Y a continuación, Fernández Sagasti marcó: «Ante la falta probatoria, el fiscal desesperado por aparecer en los medios busca títulos rimbombantes, pero esto se trata de la verdad real que debería buscar todo proceso penal. No sirven las conjeturas, ni las suposiciones. Sino los hechos avalados por la pruebas, hasta ahora nada de eso surge de los intentos desesperados de la fiscalia».

El senador nacional por Tierra del Fuego, Matías Rodríguez, también destacó los «gritos y sobreactuación» del fiscal, sin «ningún argumento ni prueba en contra de CFK», y expresó su preocupación ante un país que «naturaliza el lawfare».

En tanto, la secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales y diputada nacional Vanesa Siley señaló: «El Pueblo nunca olvida a quien lo cuida, tiene memoria. ¡Siempre junto a ella, junto a Cristina Fernández de Kirchner!».

El secretario general de la CTA y diputado nacional Hugo Yasky aseguró que defenderán a la vicepresidenta «en la calle o dónde sea. No pasarán!».

El diputado nacional por San Juan, José Luis Gioja, señaló que «hoy quedó demostrado que a Cristina la persiguen por poner hasta los ovarios en defensa del pueblo argentino».

Desde la organización política liderada por Martín Sabbatella, Nuevo Encuentro, aseguraron en un comunicado que la exposición del fiscal Luciani es un «nuevo intento de proscripción que enfrenta la compañera Cristina» y expresaron su respaldo a la vicepresidenta, a la vez que destacaron su «entereza y coraje para enfrentar a los poderes fácticos de la Argentina».

El fiscal federal Diego Luciani aludió hoy a la existencia de «enorme prueba relevante» reunida a su criterio en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y adelantó que acusará a los imputados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por considerar que hubo una «asociación ilícita» encabezada por quienes «se desempeñaron como jefes de Estado».

Al respecto, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, aseguró que «el partido judicial que garantiza impunidad a Macri y protege los privilegios de unos pocos, persigue e intenta proscribir a la presidenta coraje que desafía al poder real para cuidar al pueblo argentino».

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, señaló que «un sector del Poder Judicial busca proscribir a Cristina Fernánez de Kirchner. Círculos del poder económico, como siempre pasó en la historia de este país, persiguen a las y los líderes que defienden los intereses del pueblo y la construcción de una Argentina más igualitaria».

Por su parte, el intendente de Ensenada, Mario Secco, señaló que es «otra causa armada por el partido judicial sin ninguna prueba», que busca «proscribirla», y pidió «respeto con Cristina».

El intendente de Berisso, Fabién Cagliardi, indicó que «el Partido Judicial, al servicio del poder económico y mediático, sigue insistiendo en causas armadas sin ninguna prueba» y afirmó que a «CFK la persiguen por defender siempre a las y los argentinos».

El juicio se reinició ayer, uego de la feria judicial de invierno con todos los acusados, incluida la vicepresidenta, abogados, querella y fiscalía conectados a través de la plataforma Zoom y los jueces del Tribunal Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso presentes en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002.

El proceso judicial comenzó el 21 de mayo de 2019: declararon 114 testigos en 117 audiencias y tuvo una suspensión de casi medio año en 2020 por la pandemia de Covid-19.

Al prestar declaración indagatoria al inicio del debate, y cuando todavía era presencial, Fernández de Kirchner negó su responsabilidad en el caso, sostuvo que «fue un plan ideado por el Gobierno saliente» de Mauricio Macri y que la causa «forma parte del lawfare».

El ministro de Infraestructura bonaerense, Leonardo Nardini; el Intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet; la diputada provincial Susana González; el diputado nacional Daniel Gollán; la legisladora porteña Lucía Cámpora; el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro; el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Federico Otermín; el intendente de San Vicente, Nicolas Mantegazza; la diputada misionera Cristina Britez; el senador porteño Mariano Recalde, entre otros, se sumaron anoche al apoyo con el hashtag #TodosConCristina. ||| Info: Télam

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