La Confederación General del Trabajo (CGT) concretó un nuevo paro general de 24 horas contra el Gobierno de Javier Milei, centrado esta vez en el rechazo frontal al proyecto de reforma laboral que el oficialismo busca aprobar en la Cámara de Diputados. Se trata del cuarto paro nacional desde el inicio del mandato libertario y uno de los más duros de los últimos años, por su carácter político, su alcance en servicios esenciales y su coincidencia con un Congreso atravesado por negociaciones contrarreloj.

La medida de fuerza incluye la paralización casi total del transporte público, con colectivos, trenes y subtes fuera de servicio, la cancelación de vuelos y una importante reducción de la actividad industrial, comercial y administrativa. Desde la sede de Azopardo, los principales dirigentes sindicales anticiparon que “la Argentina se paralizará de punta a punta”, aunque sin movilización masiva en las calles, poniendo el foco en el impacto económico y político de la huelga.

paralización casi total del transporte público, con colectivos, trenes y subtes fuera de servicio, la cancelación de vuelos y una importante reducción de la actividad industrial, comercial y administrativa

La dirigencia de la CGT insiste en que no se opone a discutir cambios en las normas laborales, pero denuncia que el proyecto oficial “no es una reforma, es una poda de derechos conquistados”. En documentos internos y declaraciones públicas, la central obrera advierte que la iniciativa vulnera los principios de progresividad y no regresión consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional, por lo que ya prepara una nueva ofensiva judicial.

Entre los puntos más cuestionados se encuentran las restricciones al derecho de huelga en servicios considerados esenciales, la creación de un “banco de horas” que flexibiliza la jornada laboral, cambios en el régimen de indemnizaciones y mecanismos que habilitan acuerdos individuales que podrían implicar la renuncia a derechos protegidos por la legislación vigente. También se señala el impacto sobre el sistema de obras sociales sindicales y la habilitación de jornadas extendidas de hasta 12 horas, lo que para las centrales obreras configura un escenario de precarización y mayor desequilibrio en la relación capital‑trabajo.

“no es una reforma, es una poda de derechos conquistados”

El trasfondo de esta pulseada se remonta al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, con el que el Gobierno intentó imponer una amplia reforma laboral por vía administrativa en los primeros días de gestión. Aquella avanzada fue parcialmente frenada por la Justicia del Trabajo, que dictó una medida cautelar a pedido de la CGT y suspendió la aplicación del capítulo laboral del decreto hasta que haya sentencia definitiva sobre su constitucionalidad. El nuevo proyecto que ahora se debate en el Congreso es leído por los sindicatos como la re-edición de aquella normativa, ahora con la búsqueda de legitimidad parlamentaria.

Frente a la convocatoria al paro, el Gobierno endureció su discurso y anunció que descontará el día y los adicionales por presentismo a todos los empleados públicos que adhieran a la medida. Desde la Casa Rosada se insiste en que la reforma laboral es indispensable para fomentar el empleo formal, reducir la litigiosidad y facilitar la contratación de trabajadores, en un contexto en el que la actividad fabril cae y crece el cierre de empresas. Según datos difundidos en el ámbito sindical, más de 21.000 firmas habrían cerrado en los últimos dos años, con la pérdida de alrededor de 300.000 puestos de trabajo, en un escenario que tuvo en el reciente cierre de la planta de Fate y el despido de más de 900 operarios uno de sus casos más emblemáticos.

La jornada de huelga se inscribe, además, en una secuencia de conflictividad creciente que tuvo un hito temprano con el primer paro general de la CGT contra Milei, convocado en enero de 2024 a apenas 45 días de su asunción, en rechazo al DNU 70/2023 y al paquete de leyes conocido como “ómnibus”. A lo largo de estos meses, las centrales obreras, junto a movimientos sociales y diversos sectores de la oposición política, fueron articulando un frente crítico a la política económica y social del Gobierno, con especial énfasis en la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

En este nuevo paro, el Congreso aparece como escenario clave: mientras la CGT busca presionar a diputados y senadores para que rechacen la reforma o al menos morigeren sus puntos más regresivos, el oficialismo apuesta a mostrar que mantiene capacidad de iniciativa y respaldo político para avanzar con su agenda. En los pasillos del Parlamento, los bloques dialoguistas juegan a dos puntas entre el reclamo de los sectores productivos que piden “flexibilizar” el mercado laboral y la presión de los sindicatos y las bases territoriales que alertan sobre el costo social de la reforma.

El conflicto también abre interrogantes sobre el futuro inmediato: si el Gobierno logra aprobar la reforma, la CGT ya anticipó que redoblará la estrategia judicial y no descarta nuevas medidas de fuerza escalonadas; si, en cambio, el oficialismo sufre un revés parlamentario, la central obrera se atribuirá un triunfo político que puede reordenar el mapa de poder hacia adelante. En cualquier caso, el paro general deja en evidencia la distancia entre la Casa Rosada y el mundo del trabajo, y coloca otra vez en el centro del debate nacional la pregunta por el modelo laboral y productivo que la Argentina quiere para los próximos años.

Desde el interior del país, el impacto del paro se siente en la suspensión de servicios de transporte de larga distancia, la actividad bancaria reducida, la baja circulación de turistas y la preocupación de comercios y pymes por una caída adicional en las ventas en medio de una temporada ya marcada por la recesión. En ese marco, tanto empresarios regionales como trabajadores miran a Buenos Aires y al Congreso con una misma expectativa: que las decisiones que se tomen no agraven aún más una realidad que, lejos de los grandes titulares, se mide todos los días en persianas bajas, changas escasas y mesas cada vez más ajustadas.

Gonzalo Goro Diario de Punilla

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El presidente Javier Milei firmó y envió al Congreso un controversial proyecto de reforma laboral que busca transformar las reglas de juego en el empleo privado argentino. La iniciativa, que el Gobierno espera aprobar en las sesiones extraordinarias antes del 30 de diciembre, introduce cambios profundos en áreas sensibles como el cálculo de indemnizaciones, la configuración de la jornada de trabajo y la capacidad de acción colectiva.

Entre los puntos más controversiales se encuentra la eliminación del aguinaldo, vacaciones y premios como parte del cálculo de la indemnización por despido. Además, se crea un “Fondo de Cese Laboral” financiado con un aporte patronal mensual del 3%, cuyos fondos podrían invertirse en instrumentos financieros sujetos a riesgo de mercado. El proyecto también limita la actualización de esos montos a inflación + 3% anual.

La reforma habilita la implementación de un “banco de horas” que permite redistribuir la jornada laboral semanal sin pago de horas extra, siempre que no se superen las 48 horas. En paralelo, se debilita la acción sindical al establecer que bloqueos o tomas de establecimientos serán consideradas “infracciones muy graves” que dejarán sin salario a los trabajadores, y se exige autorización previa del empleador para realizar asambleas dentro del lugar de trabajo.

Otro capítulo polémico es el blanqueo del vínculo laboral en plataformas digitales como Uber o Rappi, reconociendo a los repartidores y conductores como “prestadores independientes”. Esto los excluye de derechos como el pago por accidentes, la provisión de elementos de seguridad o el mantenimiento del vehículo, aun cuando su actividad esté sujeta a las reglas y algoritmos de la plataforma.

La reforma llega en un contexto de fuertes tensiones sociales y económicas, y revive un debate que atraviesa la historia del trabajo: la puja entre la flexibilidad empresarial y la protección del trabajador. Cada derecho que hoy parece “dado” –la jornada de ocho horas, el pago de horas extra, la indemnización por despido, la libertad sindical– fue en su momento una conquista lograda con organización, movilización y, en muchos casos, con sangre.

La historia laboral argentina y mundial está escrita con luchas que costaron vidas. Desde los mártires de Chicago que reclamaron la jornada de ocho horas, hasta las huelgas patagónicas y la masacre de la Semana Trágica en Buenos Aires, los derechos en el trabajo nunca fueron una concesión graciosa del poder, sino el resultado de conflictos donde los trabajadores pusieron el cuerpo. Hoy, esos mismos pilares –estabilidad, remuneración justa, condiciones previsibles– son revisados en nombre de la “modernización” y la “competitividad”.

Existe un riesgo claro de regresión civilizatoria. Cuando se flexibilizan despidos, se precariza el tiempo de trabajo y se limita la protesta, no solo se altera el equilibrio legal, sino que se erosiona un pacto social construido a lo largo de más de un siglo. La pregunta que queda flotando es si el camino hacia un país más productivo debe pasar, necesariamente, por el desmonte de protecciones que son, en esencia, antídotos contra la explotación.

Redacción Diario de Punilla | Fuente: P12

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La Confederación General de Trabajo (CGT) emitió un comunicado señalando que el SMVM acumula «una pérdida del poder adquisitivo superior al 70%» y que el nuevo monto, incluso con los ajustes previstos para los primeros meses de 2025, mantiene valores por debajo de los registrados en diciembre de 2001.

Según la CGT, el salario mínimo fijado por decreto afecta directamente a seis millones de trabajadores formales, además de impactar sobre trabajadores informales y diversos programas sociales que dependen de esta base. “La fuerte contracción recesiva de los últimos meses sigue profundizando la crisis, dejando al salario mínimo en un nivel alarmante”, advierte el gremio.

Críticas a la administración Milei y al sector empresarial

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, calificó de «miserable» la decisión del Gobierno y acusó a los empresarios de ser «cómplices del derrumbe de los salarios». Godoy criticó que el ajuste previsto para marzo de 2025 eleva el salario apenas a $296.832, «tan solo $2.000 por encima de la propuesta empresarial que rechazamos todas las centrales obreras».

Además, el dirigente apuntó contra la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA), acusándolas de actuar en complicidad con el Gobierno para «violentar la democracia con más decretos y profundizar la crisis salarial».

En su declaración, Godoy denunció que las políticas del Gobierno y el accionar de los empresarios “empeoran la posibilidad de que los trabajadores cubran sus necesidades básicas y mejoren su calidad de vida, priorizando las ganancias empresariales por sobre la justicia social».

El debate sobre el salario mínimo refleja un escenario de creciente conflictividad social en el país, donde las centrales obreras anticipan nuevas medidas de protesta frente a lo que consideran «un grave retroceso en los derechos de los trabajadores».

Diario de Punilla | Fuente: NA

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«La mejor Argentina es la que sigue ampliando derechos y la peor es la que los restringe y piensa que esos derechos los va a dar el mercado», afirmó el mandatario desde la Casa Rosada, donde advirtió que esos derechos «los va a reconocer el Estado».

También reivindicó la figura de Juan Domingo Perón en su última presidencia, al resaltar que como mandatario «nunca dejó de apostar por esa Argentina que se uniera y que dejara los debates insustanciosos», y que «se preocupara por ver cómo desarrollar» el país «en términos de igualdad».

Del acto participaron también las ministras Raquel «Kelly» Olmos, de Trabajo, y Ayelén Mazzina, de Mujeres, Géneros y Diversidad.

El Programa Registradas busca reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares y promover su acceso y permanencia al empleo registrado.

Sobre ese punto, Fernández destacó que «8 de cada 10» beneficiarias del programa «se quedaron trabajando en el lugar donde estaban, ya sin el auxilio del Estado».

«Lanzamos el programa en 2021 y lo profundizamos ahora, para dar más derechos», subrayó.

El mandatario justificó el impulso de esta serie de iniciativas al advertir que «las leyes que defiendan a las minorías tienen que darlas las mayorías, porque, si no, siempre las minorías van a ser maltratadas». 

A través de este programa, el Estado incentiva la formalización y permanencia en el empleo mediante el pago de una parte del sueldo de la trabajadora durante seis mese y con montos que se actualizan según las nuevas escalas salariales.

Además, se estimula la bancarización de las trabajadoras de casas particulares a través de la apertura de una cuenta gratuita en Banco de la Nación Argentina y acceso a beneficios bancarios.

Fuente: Télam

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El acto se realizará a las 11 en la sede de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), ubicada en Charcas 2653 de la Capital Federal, se informó oficialmente.

La iniciativa desplegada en más de 40 puntos operativos a lo largo del país, tiene como objetivo impulsar la formalización de empleados y empleadas que desempeñan tareas en casas particulares, en el marco del Programa Registradas.

A su vez, este registro posibilita la apertura de la cuenta bancaria gratuita en el Banco Nación con solo el número de DNI, domicilio y fecha de nacimiento de la trabajadora de casas particulares.

Los operativos coordinados entre los equipos técnicos de los organismos públicos y la Upacp estarán en los siguientes municipios y localidades.

En la provincia de Buenos Aires estarán en: Zárate, Tandil, San Nicolás, Pilar, Moreno, Bahía Blanca, Adolfo Gonzáles Chaves, Morón, Lomas de Zamora, Junín, La Matanza, City Bell mientras que en Capital se ubicará en Retiro.

También en las provincias del norte como Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, Chaco (Resistencia), Misiones, Corrientes y Formosa además de Entre Ríos (Concordia y Paraná), Santa Fe (Rosario y Santa Fe), San Luis, La Pampa y Córdoba.

Por último, habrá también operativos que se ubicarán en Río Negro (Bariloche), Santa Cruz (Río Gallegos), Chubut y Tierra del Fuego (Río Grande).

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La iniciativa se enmarca en la ley nacional 22.341 que contempla el 4% del cupo laboral para personas con discapacidad del total de empleados del Estado Nacional y, según la UNRC, con el acuerdo se aspira a cubrir 24 espacios laborales en la planta no docente.

El secretario general de la UNRC, Enrique Bérgamo, destacó que el tema «se viene trabajando en la universidad desde hace muchos años y se logró acordar un mecanismo de ingreso» para las personas con discapacidad», tras lo cual recordó que la Comisión de Atención de Personas con Discapacidad tendrá a cargo la tarea de elaborar criterios, relevamiento, inscripciones, creación de registro y orden de mérito para luego avanzar en la implementación efectiva del ingreso laboral.

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En una denuncia elevada a la IGJ, Cavalieri sostuvo que a ese organismo «le compete el contralor de las sociedades comerciales de la Capital Federal», y requirió que por su intermedio la justicia «tome debido conocimiento y arbitre las medidas y peticiones para remover a los administradores y designar interventores judiciales, por ser estos responsables directos de la crisis producida por el desmanejo empresario».

«Esto se suma a la gran cantidad de acciones concretas que la Faecys realizó en defensa de los derechos e intereses de los trabajadores de Garbarino», aseguró.

Cavalieri sostuvo en la presentación ante la IGJ que el gremio ya obtuvo una medida cautelar administrativa para reincorporar a los despedidos (conciliación obligatoria); la imposición forzosa estatal de la vigencia de los contratos laborales y la apertura e impulso de sumario administrativo en Trabajo para que se apliquen las máximas sanciones económicas a la empresa y sus directivos, reseñó el dirigente.

«También se reconoció que la empresa y sus directivos cometieron incumplimientos e ilícitos laborales que vulneraron el DNU 329/20», dijo Cavalieri, quien añadió que los gremios adheridos intermediaron, representaron y asistieron a los trabajadores en sus presentaciones individuales ante el concurso preventivo recientemente abierto.

Cavalieri reseñó que «se celebró e implementó un convenio marco de cooperación con Trabajo para el reingreso del personal afectado mediante el Programa de Inserción Laboral (PIL), y se lograron estímulos para aquellos que los contraten, lo que significó la reducción del 95 por ciento de las contribuciones», puntualizó.

«Ello incluyó una ayuda económica de la cartera laboral, que se hizo cargo de una parte importante de los haberes equivalente al mínimo, vital y móvil», enfatizó.

En la carta elevada a la IGJ, Cavalieri fundamentó la denuncia y petición en «los graves desmanejos societarios» y dijo que «se sumará a las gestiones que se realizarán para hallar soluciones a la grave situación que viven esos mercantiles».

«La Faecys continuará adoptando todas las medidas pertinentes en defensa de los derechos y apoyará de forma incondicional a los trabajadores, y hará acciones para que los directores y socios de las empresas responsables de esta crítica situación sean condenados por la gravedad de sus actos contrarios a las leyes», concluyó. Fuente: Télam Foto: Infogremiales

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Durante el encuentro, se escucharon relatos en primera persona que reflejan el creciente protagonismo de las mujeres en el campo y se hizo foco sobre la necesidad de visibilizar las brechas de desigualdad que las afectan.

“Las mujeres cumplen un rol clave en el desarrollo rural, ya que colaboran de forma significativa en la economía local, promueven la erradicación de la pobreza, enfrentan el cambio climático, aseguran la educación y la alimentación de sus familias y fortalecen el tejido social”, dijo la ministra de Agricultura de Chile, María Emilia Undurraga.

Entre las mujeres rurales, los índices de pobreza, marginalidad e inseguridad alimentaria son muy superiores tanto a los de los hombres que viven en el campo como a los de las mujeres que habitan las ciudades, indicaron desde el IICA.

Durante el acto, que se desarrolló ayer de manera virtual, fueron reconocidas la colombiana Liliana Jiménez Molina y la jamaiquina Tamisha Lee, ambas de importante trayectoria en el sector agrícola, como delegadas de la Plataforma Hemisférica de Mujeres Rurales.

La plataforma es un espacio web que el IICA lanzó en agosto con el objetivo de generar redes, facilitar el acceso a oportunidades de capacitación e impulsar el intercambio de experiencias que contribuyan al empoderamiento de las mujeres de las Américas que viven y trabajan en el campo.

A su turno, el director general del IICA, el argentino Manuel Otero, puntualizó que el Día Internacional de las Mujeres Rurales no es una fecha celebrar: “Conmemoramos esta fecha para señalar que tenemos una deuda pendiente con las mujeres rurales y debemos pasar de las palabras a la acción”.

Otero expresó que las 58 millones de mujeres rurales de América Latina y el Caribe son responsables de la seguridad alimentaria y de la preservación de la biodiversidad, pero sufren una flagrante desigualdad que se manifiesta en todos los ámbitos del desarrollo de la vida rural.

“Sólo el 30% posee tierras agrícolas y estas son de menor tamaño y peor calidad. La pandemia, con las restricciones de circulación, aumentó para las mujeres el riesgo de sufrir violencia de género, lo que fue constatado en varios países de la región. Las mujeres rurales, además, perciben sólo la mitad de los ingresos de las mujeres urbanas y un tercio con respecto a los hombres”, detalló.

Otero anunció que próximamente el IICA convocará a una segunda reunión del Foro de Ministras y Viceministras de Agricultura de las Américas, que se constituyó en julio en el marco de la Precumbre de Sistemas Alimentarios con la misión de promover políticas públicas que empoderen a las mujeres rurales y promuevan el reconocimiento pleno de sus derechos. Info: Télam

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