El gobierno de Irán ejecutó a 94 personas en enero y febrero últimos como represalia a las protestas antigubernamentales que se suceden desde septiembre a raíz de la muerte de la joven kurda Mahsa Amini, denunciaron hoy las ONG Amnistía Internacional (AI) y la local Centro Abdorrahman Borouman.
«Están llevando a cabo ejecuciones a una escala aterradora, sus acciones constituyen un ataque al derecho a la vida y un intento desvergonzado no sólo de oprimir aún más a las minorías étnicas, sino también de sembrar el temor a que la disidencia sea reprimida con la fuerza bruta, ya sea en las calles o en la horca», alertó la directora ejecutiva de la ONG Abdorrahman Borouman, Roya Boroumand.
Una investigación sobre las ejecuciones determinó, según denunciaron las citadas organizaciones en un comunicado conjunto, que las autoridades iraníes ejercen la pena de muerte como una forma de represión contra las minorías étnicas.
Del total de víctimas, 14 eran kurdas, 13 baluches y la restante, árabe ahwazí, una minoría que reside en la provincia de Juzestán.
Las dos ONG afirman que Hasan Abyat, de la minoría ahwadí, fue ejecutado en la prisión de Sepidar, en Juzestán, y Arash Ahmadi, kurdo, en la prisión de Dizel Abad, en la provincia de Kermanshah, en el oeste del país.
«Ambos fueron sometidos a torturas y malos tratos para confesar crímenes», agregaron.
«Es desgarrador que las ejecuciones se produzcan de forma rutinaria en medio del uso sistemático de confesiones contaminadas con tortura para condenar a los acusados en juicios manifiestamente injustos», protestó la directora regional adjunta de AI para Medio Oriente y Norte de África, Diana Eltahawy.
Por ello, recuerdan que la pena de muerte -el «máximo castigo» al ser «cruel, inhumano y degradante»– después de «un juicio injusto» constituye «una privación arbitraria del derecho a la vida», según el Derecho Internacional.
«Instamos a todos los estados a ejercer la jurisdicción universal sobre todos los funcionarios iraníes de los que se sospeche razonablemente que tienen responsabilidad penal por delitos de Derecho Internacional y otras violaciones graves de los derechos humanos», concluyó Eltahawy, citada por la agencia de noticias Europa Press.
Amini fue arrestada en la capital Teherán por la policía religiosa islámica por presuntamente no usar su velo de forma correcta, y murió en la cárcel, donde se encontraba bajo custodia, el 16 de septiembre pasado, víctima de torturas según sus familiares y organismos de derechos humanos, y por una falla cardíaca, de acuerdo a la versión oficial.
El hecho causó impacto mundial y desencadenó una serie inédita de protestas antigubernamentales que fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad.
Fuente: Télam