El gobierno anuncia una serie de medidas para reducir costos y simplificar trámites en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), desatando controversia en el sector.
Como consecuencia de una auditoría realizada en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), el gobierno nacional ha anunciado una serie de medidas que impactarán significativamente en el funcionamiento de esta entidad.
Uno de los cambios más destacados es el cierre del 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que han estado intervenidos por más de dos años. Esta decisión, junto con la reducción del 30% del personal de la Dirección, ha generado preocupación tanto en el sector como en la opinión pública.
Además, se eliminará la «cédula azul», permitiendo que cualquier persona pueda circular en el territorio argentino con la sola exhibición de la cédula verde del titular del automóvil, ya sea en formato físico o digital. Esta medida, aunque busca simplificar trámites, plantea interrogantes sobre la seguridad vial y la fiscalización de los vehículos.
Otra medida significativa es la digitalización de la totalidad de los legajos de los vehículos, lo que constituirá un registro digital único y completo, eliminando los legajos físicos. Esto se complementará con la digitalización de la verificación policial de vehículos, en colaboración con autoridades provinciales y fuerzas federales.
El comunicado oficial también señala cambios en el régimen de contratación de personal, con la implementación de concursos transparentes que excluyan a aquellos que hayan tenido cargos políticos en los últimos diez años. Sin embargo, esta medida plantea desafíos en cuanto a su legalidad y posible discriminación.
Por último, se deroga el régimen que otorgaba el monopolio a la Casa de la Moneda en la provisión de formularios para registros, permitiendo la competencia de oferentes y potencialmente mejorando los precios. Sin embargo, preocupa la posibilidad de fraude con formularios apócrifos ante esta apertura del mercado.
Estas medidas, aunque destinadas a reducir costos y simplificar trámites, generan incertidumbre y debate sobre su impacto en la eficiencia del sistema de registros automotores y la seguridad jurídica de los propietarios de vehículos.
Gonzalo Goro – Diario de Punilla | Fuente: