En medio de una escalada de despidos en el ámbito público, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, ha lanzado una advertencia contundente. Según informes de NA y LNM, Aguiar señaló que hasta el momento han ocurrido más de 11 mil despidos, alertando además que el presidente Javier Milei podría enfrentar consecuencias legales por esta situación.
«Durante el fin de semana contamos más de 11.000 despidos. El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos», expresó Aguiar en un posteo en redes sociales.
El titular del gremio ATE acusó al Gobierno de provocar cesantías masivas en el Estado y subrayó que la acción constituye una ilegalidad. Aguiar afirmó que la supresión de derechos fundamentales de las personas está tipificada en el Código Penal argentino y que vulnerar la garantía de estabilidad prevista en la Constitución Nacional puede acarrear penas de entre 5 y 15 años de prisión.
Ante esta situación, Aguiar anunció acciones sindicales para este miércoles, incluyendo un Plenario Federal con más de 1.000 delegados y el ingreso masivo y simultáneo de trabajadores a los distintos organismos como parte del plan de lucha contra el Gobierno para revertir los despidos.
«Mañana (por este miércoles) a las 16 hs convocamos un Plenario Federal con más de 1.000 delegados para profundizar el plan de lucha», informó Aguiar, destacando que por la mañana los trabajadores ejercerán sus derechos de huelga, manifestación y reunión.
Asimismo, el líder sindical advirtió que cualquier violencia o represión que ocurra será responsabilidad exclusiva del Gobierno. Esta advertencia surge en un contexto en el que el propio Gobierno había confesado que se estaban analizando alrededor de 70 mil contratos, de los cuales 15 mil serían dados de baja antes y después de la Semana Santa.
«Hubo bastante confusión con respecto a los números, así que está bueno aclararlo. El universo de contratos analizados es de algo más de 70.000; de esos, hay 15.000 que serán dados de baja al 31 de marzo. El resto se renovará por otros seis meses y luego se seguirá avanzando», había expresado Manuel Adorni, portavoz del Gobierno.
Gonzalo Goro – Diario de Punilla | Fuente: LNM