La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó ayer un «protocolo para el mantenimiento del orden público» con el objetivo de garantizar la libre circulación frente a la organización de piquetes o bloqueos. Esta medida generó críticas de agrupaciones sociales y líderes políticos, quienes la consideran «inconstitucional» y una «amenaza» ante la posibilidad de tensiones sociales derivadas de las políticas gubernamentales.
Bullrich anunció que «las cuatro fuerzas federales» podrán intervenir en caso de «delito flagrante» durante manifestaciones en espacios públicos. El nuevo protocolo incluirá la identificación de quienes obstruyan vías, la aplicación de leyes con penas de prisión, y el cobro de los gastos de intervención a organizaciones que infrinjan la normativa.
Durante la presentación en la sede de la cartera de Seguridad, Bullrich afirmó que «las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal intervendrán frente a cortes, piquetes o bloqueos, ya sean parciales o totales». Enfatizó en la necesidad de cumplir la ley de manera integral y advirtió que tomar medidas en la calle tendrá consecuencias.
La ministra destacó que, en caso de «delito flagrante», las fuerzas federales actuarán de inmediato, utilizando «la mínima fuerza necesaria y suficiente», ajustada a la resistencia opuesta. Bullrich subrayó que se determinarán los delitos hasta la aprobación de una nueva ley, según el artículo 194 del Código Penal.
Diversos dirigentes y organizaciones políticas expresaron su repudio al protocolo, tachándolo de «inconstitucional» y «amenaza» a gremios y movimientos sociales. Argumentaron que la ministra carece de facultades legales para restringir el derecho a la manifestación.
En respuesta, referentes del Partido Obrero y de la diputada Myriam Bregman reivindicaron el «derecho a la manifestación» y cuestionaron la legalidad de la medida. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió el protocolo por considerarlo «inconstitucional» y llamó a resolver conflictos sociales sin recurrir a la policía.
La directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, catalogó el protocolo como «una declaración de guerra» a la conflictividad generada por el ajuste gubernamental.
Tras el anuncio, Bullrich se reunió con autoridades de seguridad de la ciudad de Buenos Aires para coordinar acciones. El protocolo surge previo a un «paro activo» convocado por organizaciones de izquierda en respuesta a anuncios del ministro de Economía. Este paro coincidirá con el 22 aniversario de las protestas de diciembre de 2001, recordando el conflicto que culminó con la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa.
Fuente: Télam