Más de quinientas personalidades y organizaciones de todo el país lanzaron una campaña para solicitar al Poder Judicial de La Rioja que proteja a una niña de 6 años que relató haber sido abusada por su abuelo paterno, a quien vio llevada por su padre a pesar de recaer sobre él una prohibición judicial de ver a la nieta.
El pedido de protección está encabezado por Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien filmó un video para redes sociales en el que dice: «las Madres exigimos a las autoridades de La Rioja, en especial al Poder Judicial, que impidan que a la niña (nominada como Arcoíris) continúe siéndoles vulnerados sus derechos humanos».
En diálogo con Télam, Ana, madre de la menor, señaló que presentaron «medidas cautelares» para proteger a la niña «hace más de 20 días y no nos contestan» y agregó que «en las últimas dos visitas vio al abuelo paterno», aunque pesa sobre él una «prohibición judicial».
La niña vive una semana con cada padre.
A pesar de las cuatro denuncias por abuso sexual que Ana presentó a la justicia desde 2018, la jueza Karina Cabral decidió otorgarle provisoriamente el cuidado personal (la tenencia) al padre, sin darle participación al Ministerio Público Tutelar, y manteniendo la restricción de acercamiento para el abuelo, según los expedientes a los que tuvo acceso Télam.
Este miércoles, la madre de la niña tiene la exigencia judicial de volver a entregarla a la familia del progenitor, quien sigue permitiendo el contacto con el abuelo.
«Es la voluntad de mi hija no ir», subrayó Ana, y dijo que «la jueza» del caso «tiene hace 20 días una denuncia de abuso y nunca ordenó medidas de protección. Hay celeridad para perseguir a las madres y no para proteger a las infancias».
La madre contó que la «acusaron de Síndrome de Alienación Parental (SAP)», y advirtió que «se trata de un síndrome falso utilizado para decir que nosotras introducimos un discurso de abuso para alejar a los niños del padre».
El término SAP fue creado por el psiquiatra infantil Richard Gardner, en 1985, para describir un conjunto de comportamientos que adoptarían los niños supuestamente manipulados psicológicamente por un adulto -generalmente la madre- para mostrar miedo injustificado, falta de respeto u hostilidad hacia otra persona –generalmente el padre y en el marco de divorcios conflictivos o disputas por la custodia-.
Élida Barrera, abogada de Ana desde hace un mes, dijo a Télam que por parte «de la fiscalía hubo una mala investigación» y aseguró que el padre de Arcoíris dijo «públicamente» que la niña era «abusada por la madre», pero nunca realizó una «denuncia formal».
La letrada resaltó que «eso no se investigó, pero ayudó a debilitar la causa».
«Hay dos expedientes en los que el abuelo está sobreseído y los dos fueron apelados, y tendrían que haber desestimado las pruebas de la defensa», apuntó Barrera.
Entre las irregularidades de la causa, señaló que la psicóloga que «descubrió el abuso» afirmó que no podía atender más a la niña y que «fue amenazada de que le iban a quitar la matrícula».
«La apelación al sobreseimiento fue presentada en la Cámara del Crimen y lo debían presentar en la Secretaría Penal; esto tiene como finalidad que la sentencia quede fija o que el acusado sea sobreseído», advirtió.
La letrada subrayó que «la niña fue víctima, de una mala defensa, una investigación deficiente», y aseguró que «hay pruebas anteriores de que fue abusada en reiteradas oportunidades».
Cuestionó que en la causa está caratulada como «abuso sexual» porque en este caso «hablamos de abuso sexual agravado por el vínculo gravemente ultrajante».
Desde la Campaña Justicia por Arcoíris, la abogada Giselle Videla, dijo que «la justicia dio lugar a esa apelación, dado que hay pericias psicológicas y pruebas físicas constatadas por el Hospital Materno Infantil de la ciudad de La Rioja», explicaron a través de un comunicado emitido hoy.
«La niña relató claramente, en más de una oportunidad, ante distintas personas y profesionales intervinientes, ser agredida sexualmente por su abuelo paterno», prosiguió Videla en el texto, y puntualizó que «la Cámara Civil y Comercial 4ta. dictó en 2021 la prohibición de acercamiento del denunciado a la niña pero los abusos se siguen produciendo, por eso pedimos medidas reales», concluyó. ||| Info: Télam Imágenes: Anred.org