Por decreto, el Gobierno de Javier Milei estableció el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en $279.718 mensuales para diciembre, correspondiente a trabajadores con jornada completa, y $1.399 por hora. Este incremento, definido tras el fracaso de las negociaciones entre gremios y empresarios, fue calificado como insuficiente por las centrales obreras.
La Confederación General de Trabajo (CGT) emitió un comunicado señalando que el SMVM acumula «una pérdida del poder adquisitivo superior al 70%» y que el nuevo monto, incluso con los ajustes previstos para los primeros meses de 2025, mantiene valores por debajo de los registrados en diciembre de 2001.
Según la CGT, el salario mínimo fijado por decreto afecta directamente a seis millones de trabajadores formales, además de impactar sobre trabajadores informales y diversos programas sociales que dependen de esta base. “La fuerte contracción recesiva de los últimos meses sigue profundizando la crisis, dejando al salario mínimo en un nivel alarmante”, advierte el gremio.
Críticas a la administración Milei y al sector empresarial
El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, calificó de «miserable» la decisión del Gobierno y acusó a los empresarios de ser «cómplices del derrumbe de los salarios». Godoy criticó que el ajuste previsto para marzo de 2025 eleva el salario apenas a $296.832, «tan solo $2.000 por encima de la propuesta empresarial que rechazamos todas las centrales obreras».
Además, el dirigente apuntó contra la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA), acusándolas de actuar en complicidad con el Gobierno para «violentar la democracia con más decretos y profundizar la crisis salarial».
En su declaración, Godoy denunció que las políticas del Gobierno y el accionar de los empresarios “empeoran la posibilidad de que los trabajadores cubran sus necesidades básicas y mejoren su calidad de vida, priorizando las ganancias empresariales por sobre la justicia social».
El debate sobre el salario mínimo refleja un escenario de creciente conflictividad social en el país, donde las centrales obreras anticipan nuevas medidas de protesta frente a lo que consideran «un grave retroceso en los derechos de los trabajadores».
Diario de Punilla | Fuente: NA