El mega operativo incluyó 36 allanamientos simultáneos en las provincias de Santa Fe y Salta donde los oficiales detuvieron a cinco personas y secuestraron millonarias sumas de divisas en efectivo, vehículos de alta gama, entre otros elementos.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández, desbarató ayer una organización criminal que se dedicaba a blanquear activos provenientes del narcotráfico y el contrabando de cigarrillos. Mediante 36 allanamientos simultáneos.
De los 36 operativos, 32 fueron realizados en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Funes, Roldán, Álvarez, Acebal, Alvear y Piñero, provincia de Santa Fe; y cuatro en las localidades de Salvador Mazza y Las Lajitas, provincia de Salta-, los oficiales de la fuerza que conduce José Glinski detuvieron a cinco personas y secuestraron más de dos millones de dólares, más de cinco millones de pesos, 27 vehículos -la mayoría de alta gama- y otros elementos de prueba.
Al respecto, el director nacional de la PSA sostuvo en conferencia de prensa tras los operativos que “tuvimos claras instrucciones del ministro Aníbal Fernández; es una investigación que tiene su tiempo y de la cual estaba al tanto la exministra Sabina Frederic. Para nosotros y el gobierno nacional, lo que ocurre aquí en Rosario es un tema prioritario, tal como lo considera nuestro presidente Alberto Fernández”.
Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Jorge Lagna, expresó: “Estamos muy complacidos por el trabajo de la PSA. Es una investigación del juzgado del doctor Carlos Vera Barros, de la secretaría de Hernán Flores y la fiscal Adriana Saccone que data de varios años y hoy se concreta. Hay actuaciones que aún se están realizando. Es un ejemplo de intensificar el trabajo conjunto y considerar a Rosario y Santa Fe como prioritarios”.
La investigación policial, que comenzó en 2019, determinó la existencia de una organización delictiva constituida por un núcleo familiar rosarino que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes. Uno de ellos, el principal investigado, se desempeñaba como negociador para adquirir elementos de contrabando que luego eran vendidos por el clan, empleando una empresa de logística de Salta para realizar los traslados desde el norte del país.
En octubre de ese año, la PSA interdictó un camión de dicha empresa al que secuestró 59.950 paquetes de cigarrillos de origen paraguayo, y allanó un domicilio ubicado en la localidad de Gran Guardia, provincia de Formosa, donde detuvo a una persona. Esa intervención policial dio cuenta de que la organización contrabandeaba cigarrillos ingresados al país de manera ilegal desde la República del Paraguay.
“Independiente del objeto de contrabando, detrás hay un delito económico”, explicó Glinski. “De hecho, organizaciones que hasta el momento traficaban marihuana pasaron a contrabandear cigarrillos porque tiene menos costo penal, en el caso de ser detectados, pero la misma rentabilidad económica. Estamos hablando aquí de una gran banda que posee una estructura jurídica y empresarial para la logística, como camiones y bateas”, dijo.
La pesquisa certificó las propiedades y los medios de movilidad, lo que condujo a la posible existencia de testaferros. Producto del análisis del comportamiento económico de la organización, la Justicia incluyó el delito de lavado de activos (Ley 26.683) y en 2020 se produjo un desprendimiento de la causa inicial para profundizar esa línea investigativa sobre las inversiones de grandes sumas de dinero en construcciones en el exterior, compra de vehículos, propiedades, locales de indumentaria y compra-venta de moneda extranjera. Son más de once las personas investigadas con roles específicos en la estructura delictiva.
“Lo que intentamos y conseguimos fue encontrar el origen económico, cómo se trabajaba al interior de esta organización”, dijo Glinski. “Los especialistas de la PSA en lavado de dinero empezaron a trazar los movimientos económicos que realizaban. Se pudo determinar que, además del contrabando, blanqueaban divisas a través de locales comerciales, muchos de ellos de ropa, y la existencia de gran cantidad de testaferros que cumplían con la misión de lavar el dinero. Muchos vehículos tienen distintos propietarios pero pertenecen a la misma organización”.
En este sentido, el jefe de la PSA destacó que “para la investigación criminal hay que tener en cuenta que siempre detrás de una organización hay un fin económico. Por tanto, no tenemos que caer en la tentación de cortar una investigación para poder mostrar a la prensa o a la sociedad algún tipo de acción efectiva, sino hay que tomarse el tiempo y estos son los resultados”. Y enfatizó: “Estos son los resultados de la paciencia, de la decisión política del presidente Fernández de poner el foco en lo que ocurre en Rosario, y estas son las muestras de que las cuatro fuerzas federales estamos para trabajar codo a codo con el gobernador (Omar) Perotti”.
Durante los procedimientos, donde también intervino personal especializado de la Dirección Regional Rosario de la AFIP-DGI, los oficiales de la PSA detuvieron a cuatro varones y una mujer, e incautaron 5.412.423 de pesos y 2.068.756 millones de dólares. Además secuestraron 17 autos, dos camionetas, dos utilitarios, tres motos, tres cuatriciclos y una lancha; 11 gramos de clorhidrato de cocaína; un arma de fuego y municiones; 83 teléfonos celulares; 23 CPU; 14 notebook; dispositivos electrónicos varios y documentación de interés.
Los detenidos y lo decomisado fueron puestos a disposición del Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros.
