El Gobierno nacional avanza con su plan de vaciamiento institucional, eliminando entidades clave en salud, transporte y desarrollo productivo. Organismos históricos, como Vialidad Nacional y el INTA, quedan en la mira de un ajuste que prioriza el dogma liberal sobre las necesidades del pueblo.
En un nuevo capítulo de su cruzada contra el Estado, el presidente Javier Milei oficializó este martes la disolución, fusión o transformación de 21 organismos públicos, muchos de ellos vitales para garantizar derechos básicos como la salud, la seguridad vial y el desarrollo productivo. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo el eufemismo de «racionalización administrativa», confirma lo que ya se venía anticipando: un desmantelamiento sistemático de las políticas públicas, bajo el argumento falaz de la «eficiencia» y el «achique del gasto».
Organismos clave en la picadora
Entre las entidades eliminadas figuran:
- La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), encargada de reducir los más de 3.000 muertos anuales en accidentes de tránsito.
- El Instituto Nacional de la Agricultura Familiar (INAFCI), que sostenía a miles de pequeños productores rurales.
- El Instituto Nacional de Medicina Tropical, clave para combatir enfermedades como el dengue y el mal de Chagas en las provincias más pobres.
- El INASE y la Comisión Nacional de Semillas, pilares de la soberanía alimentaria.
El Gobierno justifica el recorte alegando «superposición de funciones» y «falta de resultados», pero omite mencionar que muchos de estos organismos fueron creados para corregir las fallas del mercado y proteger a los sectores más vulnerables.
El cuento de la «optimización»: menos Estado, más desprotección
Según el decreto, las funciones «esenciales» serán absorbidas por ministerios ya colapsados, como Salud o Transporte, sin explicar cómo harán para asumir esas tareas sin presupuesto adicional. Mientras tanto, los bienes de los organismos disueltos pasarán a la AABE, ente que en los últimos meses ha vendido propiedades públicas a precio de remate.
El Ejecutivo habla de «reducir la burocracia», pero el verdadero objetivo es claro:
- Privatizar por la puerta trasera, traspasando servicios públicos a manos privadas.
- Debilitar el control estatal sobre sectores estratégicos como el transporte y la salud.
- Ahorrar a costa de los trabajadores, cuyos puestos quedan en la incertidumbre.
Un golpe a las provincias y a los más pobres
La eliminación de las Delegaciones Sanitarias Federales y la Dirección Nacional de Vialidad afectará directamente a provincias como Córdoba, donde el Estado nacional ya había recortado fondos para rutas y hospitales. ¿Quién responderá ahora por el mantenimiento de las carreteras o la lucha contra epidemias? La respuesta del Gobierno es elusiva: «Los mercados se autorregularán».
Menos Estado, más desigualdad
Este ajuste no es técnico, es ideológico. Milei cumple su promesa de reducir el Estado a su mínima expresión, pero lo hace a costa de derechos básicos. Mientras las corporaciones celebran, los trabajadores, los pequeños productores y los usuarios del transporte público pagarán las consecuencias.
El Gobierno insiste en que «sobra Estado», pero la realidad muestra que lo que sobra es falta de empatía con quienes dependen de él. El desguace no es modernización: es un retroceso histórico.
Diario de Punilla | Fuente: LNM