Ante una inminente marcha universitaria de gran magnitud, el Gobierno intenta desviar la atención con acusaciones infundadas y apoyos de figuras afines. Los rectores y gremios universitarios desmienten las cifras y argumentan que el presupuesto no se basa en la cantidad de estudiantes.
Rectorados, gremios universitarios, sindicatos y movimientos sociales se preparan para una nueva marcha universitaria que promete ser contundente. La movilización, prevista para mañana miércoles 2 de octubre, busca rechazar el veto a la Ley de Financiamiento Educativo y exigir el reconocimiento de los derechos de la comunidad académica. Ante este escenario, el Gobierno de Javier Milei ha intensificado su estrategia de comunicación, temiendo el impacto de una manifestación masiva.
En un intento por mitigar el efecto de la marcha, el presidente Milei, apoyado por José Luis Espert, ha lanzado una serie de declaraciones polémicas. A través de sus redes sociales, Milei compartió afirmaciones de Espert en las que asegura que los docentes universitarios perciben salarios millonarios, una información que fue rápidamente desmentida por los rectores. “Los docentes tiempo completo cobran cerca de 2 millones de pesos al mes”, afirmó Espert, mientras que los gremios y rectores sostienen que más del 60% de los trabajadores universitarios están por debajo de la línea de pobreza.
Estas declaraciones forman parte de una campaña gubernamental que busca desacreditar a las universidades públicas antes de la masiva movilización. El Gobierno también ha reavivado la polémica sobre «alumnos inventados», afirmando que muchas de las universidades registran estudiantes que no asisten a clases o no existen. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, han reiterado estas acusaciones, pese a que el Consejo Interuniversitario Nacional ya las desmintió en reiteradas ocasiones.
El temor del Gobierno ante la movilización ha sido evidente, ya que el objetivo de la marcha es claro: presionar para que no se ratifique el veto a la ley y exigir un financiamiento adecuado para las universidades públicas. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, destacó que «si la movilización es muy masiva, vamos a estar más cerca de que algún diputado cambie su voto». El impacto social de una marcha de esta magnitud preocupa al oficialismo, que busca desviar la atención con ataques infundados.
Mientras tanto, los rectores insisten en que la estrategia del Gobierno no solo es equivocada, sino que refleja un profundo desconocimiento de la realidad universitaria. Rodolfo Pastore, decano de la Universidad Nacional de Quilmes, calificó las declaraciones del Ejecutivo como «falaces» y subrayó que el financiamiento universitario no depende de la cantidad de alumnos, sino que se ajusta únicamente por inflación.
La marcha, convocada por el Frente Sindical, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional, contará con el apoyo de las principales organizaciones sociales y sindicales del país. El Gobierno, ante la creciente conflictividad, teme que una manifestación de esta magnitud ponga aún más presión sobre su gestión y las políticas de ajuste aplicadas en el sector educativo.
Diario de Punilla