Las familias de los bebés que murieron el año pasado, presuntamente por acciones intencionales, luego de nacer sanos en un hospital neonatal de la ciudad de Córdoba, marcharon anoche portando velas encendidas para «exigir justicia» al cumplirse el primer aniversario de estos hechos, que tiene nueve imputados en la causa judicial y un solo detenido.
La movilización se concentró frente al Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo del barrio Alto Verde de la ciudad de Córdoba, donde se dio lectura a un documento, en el que se remarcó: «No vamos a parar hasta que llegue la justicia que tanto esperamos. Que la justicia sea ejemplar. Justicia por los bebés del neonatal».
Asimismo afirmaron que en el tránsito a la espera del juicio, comprobaron «lo mal que funciona el sistema de salud» provincial.
También, durante la marcha, expresaron sus reproches a los funcionarios del área de salud provincial que «no actuaron a tiempo ante casos sospechosos (de muertes)», y que por el contrario «hicieron callar con la excusa del secreto de sumario administrativo (interno) mientras los bebés seguían muriendo».
En ese sentido los familiares de los fallecidos consideraron que «las responsabilidades no se agotan en una sola persona», al referirse a la única detenida e imputada como la presunta autora de las muertes, la enfermera Brenda Agüero (28).
Además, agregaron que «los funcionarios que eligen a los profesionales son los que también tienen que hacerse cargo» de lo que ocurrió.
Vanesa Cáceres, mamá de uno de los bebés fallecidos, manifestó a los medios locales que ayer se reunieron con el fiscal Raúl Garzón que les transmitió que «se está avanzando» aunque «la investigación es compleja».
Al cumplirse un año de que tomó estado público el caso, «estamos marchando desde donde salimos vacías y volvemos nuevamente vacías», dijo Cáceres y que su sentimiento es de «injusticia y bronca a lo largo de este camino en reclamo por justicia».
La investigación judicial se conoció el 11 de agosto de 2022 a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos los días 18 de marzo, 23 de abril, 23 de mayo y otros dos el 6 de junio del año 2022.
Los informes determinaron que dos bebés, nacidos el 6 de junio último, ocurrieron por cuadro de «hiperpotasemia» que fue causado por «por exceso de potasio inyectada de manera intencional», ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.
El 19 de agosto del 2022, el fiscal Garzón ordenó la detención de la enfermera Agüero y la imputó por los delitos de «tres hechos de homicidio calificado por aplicar método incidioso de suministrar potasio incompatible para la vida», que sería la causa de los fallecimientos de los bebés nacidos sanos.
También la acusó por el mismo delito en grado de tentativa sobre ocho bebés que habrían pasado por la misma práctica y sobrevivieron, y corresponden a nacidos entre marzo y junio de ese año, y desde entonces la enfermera permanece alojada en el penal de mujer de Bouwer en la ciudad de Córdoba.
Además de Agüero están acusados el entonces ministro de Salud provincial, Diego Cardozo; el ex vicedirector de Gestión Hospitalaria, Alejandro Escudero Salama, por el delito de «omisión de los deberes de funcionario público».
También Marta Gómez Flores y Adriana Morales, las dos jefas del área Neonatología, por omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
La exdirectora del Materno Neonatal, Liliana Asís está imputada por «encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público»; la exsubdirectora médica Claudia Ringelheim y la exjefa de Enfermeras Alicia Ariza, enfrentan el delito de «omisión de los deberes de funcionario público».
Fuente: Télam