La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un contundente comunicado en el que expresó su preocupación por la violenta represión policial ocurrida durante la marcha de jubilados y manifestantes el pasado 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación. El organismo internacional criticó duramente el accionar de las fuerzas de seguridad, arengadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en declaraciones aseguró que los uniformados actuaron como corresponde, a pesar de la violencia desatada contra personas de edad avanzada que reclamaban pacíficamente por sus derechos sociales.
Jan Jarab, representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió al Gobierno que «el uso de la fuerza debe respetar los principios internacionales de legalidad». Además, exigió una investigación rápida y transparente de los hechos, respetando la independencia judicial. Jarab subrayó que, incluso si hubo actos de violencia por parte de algunos manifestantes, esto «no justifica el uso de la fuerza contra todos los participantes de una manifestación pacífica».
La ONU también manifestó su preocupación por el estado de salud del fotógrafo Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido tras recibir el impacto de una cápsula lacrimógena en el cráneo. Jarab recordó que «las armas menos letales, como las lacrimógenas, deben usarse adecuadamente según los estándares internacionales. De no ser así, pueden convertirse en letales». Grillo se encuentra en estado delicado, y su caso ha generado indignación en la sociedad civil y en organizaciones de derechos humanos.
El organismo internacional respaldó indirectamente el accionar de la jueza Karina Andrade, quien liberó a los detenidos durante la protesta al no encontrar evidencia de que hubieran cometido delitos. El Gobierno había acusado a Andrade de garantizar impunidad y amenazó con pedir un juicio político en su contra. Sin embargo, la ONU recordó la importancia de la independencia judicial para garantizar los derechos de participación y el control de la legalidad de las actuaciones policiales.
La represión, que incluyó el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y balas de goma, fue especialmente criticada por dirigirse contra jubilados y personas mayores que reclamaban por sus derechos en materia de salud y pensiones. Jarab destacó que «muchos manifestantes eran personas de edad avanzada que exigían pacíficamente derechos sociales», lo que agrava la gravedad de los hechos.
Este episodio ha generado un fuerte rechazo a nivel nacional e internacional, poniendo en evidencia la política de mano dura impulsada por el Gobierno y su impacto en los derechos humanos. Mientras tanto, la sociedad exige respuestas y justicia para las víctimas de una represión que ha dejado heridos, detenidos y un clima de tensión que parece lejos de disiparse.
Gonzalo Goro – Diario de Punilla | Fuente: Ámbito Financiero | ONU