La Alameda hizo público un duro informe por las nulas políticas contra la Trata de Personas

En el Día Mundial contra la Trata, Rodolfo Pérez, representante de la Organización, acercó a los medios un informe de la Fundación Alameda que expone cómo el Estado argentino abandonó a las víctimas: eliminó programas de asistencia, desarticuló el Comité Ejecutivo y recortó controles clave, todo esto, mientras que en nuestro país las redes criminales expanden su poder. Ante cualquier actividad sospechosa de Trata, comunicarse al 145.

Un documento contundente de la Fundación Alameda revela el desguace sistemático de las políticas públicas contra la trata de personas durante el gobierno de Javier Milei. El Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata, reconocido internacionalmente por sus avances en la protección de víctimas y la persecución de redes criminales, fue degradado a un organismo residual bajo el Ministerio de Seguridad, perdiendo su enfoque interministerial y su capacidad operativa. Mientras el mundo conmemora el 30 de julio como día de lucha contra este flagelo, Argentina retrocede: no hay plan nacional vigente, las campañas de prevención se eliminaron y los rescates cayeron en un 60%, según el informe.

El desmantelamiento no fue casual: mediante decretos y recortes presupuestarios, el gobierno vació programas clave como Reparar y Acompañar, que brindaban asistencia económica y psicosocial a las víctimas. Incluso el Fondo Fiduciario —que indemnizaba con bienes decomisados a los tratantes— fue disuelto en 2024, dejando a cientos de sobrevivientes sin reparación. «Es una crueldad institucional: piden a las víctimas que denuncien, pero les quitan todo apoyo», denunció Gustavo Vera, director de Alameda. La opacidad es tal que la página web del Comité sigue publicando programas fantasmas, ya eliminados, y su cuenta en X (ex Twitter) lleva inactiva 16 meses.

Pero lo más grave es el contexto global: la trata crece un 25% anual con modalidades como la explotación sexual digital o el tráfico de bebés, mientras Argentina flexibiliza controles migratorios (Disposición 166/2025) y debilita la cooperación internacional. «Milei habla de libertad, pero su motosierra cortó la libertad de las víctimas. Sin Estado, solo queda impunidad para las mafias», señaló Vera. Casos como el de Loan Peña (desaparecido en Corrientes) o la red de vientres de alquiler destapada en Rosario exponen la urgencia de leyes más duras y recursos reales.

Hoy, cuando la ONU pide más protección, Argentina hace lo contrario: cerró refugios, despidió fiscales especializados y dejó sin respuesta a familias de víctimas. El informe concluye con un llamado a reconstruir las políticas desmanteladas, pero la pregunta queda flotando: ¿por qué un gobierno que prometió seguridad prioriza el ajuste sobre la vida de los más vulnerables?

Redacción Diario de Punilla | Fuente: Fundación Alameda