El ministro de Defensa, Luis Petri, enfrentó un significativo revés judicial este lunes en su intento de desmantelar el área de Derechos Humanos de su cartera. El juez federal Ernesto Kreplak, de La Plata, emitió una medida de “no innovar”, ordenando la preservación de los archivos relacionados con la última dictadura cívico-militar argentina, trabajados por el Equipo de Relevamiento y Análisis (ERyA).
En un movimiento ampliamente percibido como un intento de borrar la memoria histórica y obstruir la justicia, funcionarios del Gobierno de Milei han buscado desmantelar organismos y cancelar políticas vinculadas a la memoria, verdad y justicia. La medida de Kreplak, sin embargo, obliga a Petri a mantener intacta toda la documentación que pueda ser crucial para la investigación de los crímenes de la dictadura.
La orden judicial prohíbe específicamente “modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios” en la documentación sobre los años del terrorismo de Estado, incluyendo el trabajo del ERyA, cuya coordinadora, Vanina Agostini, fue nombrada en 2011. Como parte del desmantelamiento, diez de los trece trabajadores de esta área fueron despedidos, según informó Página Política.
El fallo del juez Kreplak se fundamenta en la continua incertidumbre sobre el paradero de numerosas personas desaparecidas y la identidad biológica de individuos nacidos durante el cautiverio de sus madres o secuestrados a corta edad. La preservación de estos archivos es vital para la continuación de las investigaciones.
La medida cautelar fue solicitada por el fiscal general Hernán Schapiro y la auxiliar fiscal Ana Oberlin, quienes participan en la unidad de La Plata dedicada a la investigación de graves violaciones a los derechos humanos.
Diario de Punilla | Fuente NA