El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) genera debate en el ámbito empresarial cordobés, mientras la Ley Bases avanza con media sanción en Diputados. Diversas posturas dividen al sector productivo respecto a los beneficios y riesgos de la propuesta.
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) ha acaparado la atención en el debate legislativo, especialmente en la Ley Bases que se encuentra en proceso de aprobación en el Congreso, generando intensos debates y controversias, especialmente en el empresariado cordobés.
Este régimen propone una serie de exenciones impositivas y aduaneras, así como la libre disponibilidad de divisas, para inversiones que superen los 200 millones de dólares. Sin embargo, las críticas hacia este régimen se centran en los posibles efectos a largo plazo y en la falta de un plan integral para fortalecer y diversificar el aparato productivo del país.
Una de las principales preocupaciones es que estas medidas podrían generar una dependencia excesiva de los ingresos provenientes de la exportación de recursos naturales, lo cual podría no ser sostenible en el futuro. Además, la posibilidad de importar insumos y bienes de capital por encima de la oferta local podría desalentar la integración vertical de las cadenas productivas, limitando así el efecto derrame de las inversiones.
Las opiniones dentro del empresariado cordobés están divididas. Mientras algunos sectores expresan su apoyo a los incentivos fiscales para atraer grandes inversiones, otros prefieren no pronunciarse públicamente ante la posibilidad de que el proyecto aún sufra modificaciones en el Senado.
En este escenario, se destacan las posiciones favorables de la cámara que agrupa a metalúrgicos y autopartistas de Córdoba, quienes respaldan los incentivos fiscales pero sugieren modificaciones para incluir a proveedores locales en las exenciones impositivas y limitar los beneficios en función de las exportaciones generadas.
La incertidumbre sobre el futuro de la ley también ha generado opiniones encontradas en el ámbito nacional. Mientras algunos empresarios petroleros y mineros respaldan los incentivos como clave para impulsar proyectos en esas áreas, otros sectores industriales expresan preocupación por la competencia desleal y la limitada disponibilidad de dólares para importaciones.
El debate en torno al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones refleja la complejidad de conciliar los intereses de diferentes sectores económicos y las necesidades de desarrollo a largo plazo del país, poniendo de manifiesto la importancia de un análisis exhaustivo y equilibrado de las políticas económicas propuestas, el impacto ambiental y la extracción de recursos naturales por parte de extranjeros.
Gonzalo Goro – Diario de Punilla | Fuente: Lnm