En una jornada marcada por la urgencia de la situación, el Senado de la Nación aprobó este jueves un proyecto que declara la emergencia ambiental en la provincia de Córdoba por 180 días. La medida fue sancionada con 55 votos a favor, ninguna oposición y tres abstenciones por parte de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA).
Los senadores Ezequiel Atauche, Vilma Vedia y Bruno Olivera, del bloque de LLA, se abstuvieron argumentando que el proyecto carece de partidas asignadas y que «algunas cuestiones no les quedan claras». Esta postura generó una fuerte reacción en las bancadas de Córdoba, especialmente por parte de Alejandra Vigo, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, quienes expresaron su descontento ante la falta de apoyo total. Luis Juez, conocido por su estilo frontal, criticó duramente la respuesta del gobierno y la falta de atención hacia la provincia en medio de esta crisis: «¿Qué más tiene que pasar en Córdoba para que el Gobierno se dé cuenta de que la estamos pasando mal? Hay gente que perdió todo».
Los incendios, que han arrasado con más de 40 mil hectáreas en la provincia, han generado una respuesta política de alta intensidad, donde los senadores no solo discutieron la emergencia ambiental, sino también la subejecución presupuestaria en el área ambiental. La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio cuestionó el manejo de los recursos destinados al combate de incendios, mencionando que en el primer trimestre del año la ejecución del presupuesto fue nula: «En la ley de presupuesto enviada por el presidente Milei, el programa nacional de manejo del fuego representa solo el 0,025% del total del gasto».
Di Tullio también aprovechó para criticar el despliegue de trolls en redes sociales, quienes habrían culpado a militantes de La Cámpora de iniciar los incendios. «En vez de enviar brigadas de defensa civil a Córdoba, el gobierno manda brigadas de trolls para inventar teorías conspirativas», señaló la senadora con indignación.
El proyecto aprobado por el Senado contempla una partida extraordinaria destinada a la reconstrucción de infraestructura y la recuperación de actividades económicas en las zonas afectadas. Asimismo, faculta al gobierno nacional a adoptar medidas financieras que apoyen directamente a las economías regionales y a los habitantes afectados por los incendios, en consonancia con la Ley N° 27.287 sobre gestión de desastres.
Diario de Punilla