Tras la aprobación de la Ley Bases en Diputados, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para reducir la edad de imputabilidad de los menores a 13 años, buscando, según aseguran, «evitar la impunidad en los crímenes cometidos por menores». Un a iniciativa que se aleja de derechos y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido y reafirmado con el tiempo.
Este viernes, el Gobierno anunció mediante un comunicado que enviará al Congreso un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de los menores a 13 años. Esta medida se toma bajo el cuestionable argumento de «evitar la impunidad en los crímenes cometidos por menores», según indicaron el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El comunicado oficial destaca que la nueva «Ley Penal Juvenil» busca proporcionar al sistema judicial las herramientas necesarias para terminar con la doctrina que, según el Gobierno, beneficia a los delincuentes en perjuicio de las víctimas. «Es nuestro deber actualizar la normativa vigente para terminar con la inseguridad que sufren los argentinos de bien», expresaron los ministros. No teniendo en cuenta otro tipo de soluciones, respecto a la delincuencia adolescente.
Además, como es costumbre del actual gobierno nacional, se criticó duramente a las gestiones anteriores: «Las administraciones anteriores y la Justicia han dejado una gran deuda con la sociedad. La Ley que rige actualmente es de la década del 80′. La juventud de hoy no es comparable a la de hace más de cuatro décadas».
Actualmente, la edad de imputabilidad en Argentina es de 16 años, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el país en 1990 y con jerarquía constitucional desde la reforma de 1994. Esto significa que los menores de 16 años no pueden ser sometidos a proceso penal ni condenados, ya que no son imputables ni punibles.
La iniciativa del Gobierno busca modificar este marco legal para adaptarlo, en su consideración, a los tiempos actuales y, según el comunicado, «responder a las demandas de seguridad de la sociedad argentina». La propuesta generará un amplio debate en el Congreso y en la opinión pública, considerando las implicancias sociales y legales de una medida de tal magnitud, que escapa a los derechos y a convenciones y tratados internacionales.
Diario de Punilla | Fuente: LNM