A pesar de la masiva movilización en defensa de la educación pública, la mayoría de los diputados decidió ignorar el reclamo popular y convalidar el veto presidencial. La decisión es vista como un golpe a las universidades nacionales y a los derechos de los trabajadores del sector.
La Cámara de Diputados avaló el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, ignorando las demandas de miles de estudiantes, docentes y sindicatos que se movilizaron en defensa de la educación pública. Con 160 votos afirmativos, 84 negativos y 5 abstenciones, la mayoría legislativa optó por respaldar la decisión del presidente Javier Milei, poniendo en riesgo el financiamiento de las universidades y dejando a los trabajadores universitarios con una insuficiente actualización salarial.
La decisión de los diputados que acompañaron el veto no solo desconoce el reclamo popular, sino que pone de manifiesto una preocupante falta de compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad. Esta ley, que había sido aprobada con amplio consenso en ambas cámaras del Congreso, fue vetada por el Ejecutivo bajo el argumento de «priorizar el ajuste fiscal», en detrimento del derecho fundamental a la educación. El aval de la Cámara Baja a este veto es visto como una traición a los intereses del pueblo.
Mientras el debate se desarrollaba dentro del recinto, miles de estudiantes y organizaciones sociales se concentraron frente al Congreso Nacional, exigiendo la anulación del veto. Sin embargo, la voz de las calles fue silenciada por una mayoría parlamentaria que parece más preocupada por seguir las directrices del Ejecutivo que por atender las urgentes necesidades del sistema universitario. La escena frente al Congreso, marcada por un fuerte operativo de seguridad y la toma de facultades por parte de los estudiantes, reflejó el profundo descontento social que esta decisión ha generado.
Los diputados que votaron a favor del veto han sido fuertemente cuestionados por su falta de sensibilidad hacia las dificultades que atraviesan las universidades nacionales, muchas de las cuales enfrentan serios problemas de infraestructura y financiamiento. El hecho de que el Gobierno haya impuesto un aumento salarial del 6,8% por decreto, rechazado de plano por los sindicatos universitarios, agrava aún más la situación. Este porcentaje es considerado insuficiente para enfrentar la inflación y las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores del sector.
La convalidación del veto presidencial es, en definitiva, un retroceso en la defensa de la educación pública. Las universidades nacionales, que históricamente han sido baluartes de la igualdad de oportunidades y del progreso social, ven comprometido su futuro ante la decisión de un grupo de legisladores que prioriza los ajustes fiscales por sobre el acceso a una educación digna y de calidad.
diputados-vetoLa decisión de los diputados que respaldaron el veto presidencial no solo socava el derecho a una educación pública de calidad, sino que también representa un golpe directo a los trabajadores universitarios y al futuro del país. Este aval legislativo, que ignora los reclamos masivos y desoye la voz de miles de personas, es un claro ejemplo de cómo la política puede desconectarse de las necesidades reales de la sociedad. Las protestas y movilizaciones prometen seguir adelante, con el firme objetivo de revertir esta medida.
Diario de Punilla