El gobierno del presidente Milei ha decidido desregular el transporte de media y larga distancia, retirando su condición de servicio público. Esta medida, que forma parte de un plan impulsado por el Ministerio de Desregulación liderado por Federico Sturzenegger, traerá cambios significativos en el sector, como la liberalización de rutas, recorridos y tarifas, además de permitir la entrada de nuevas empresas, incluyendo aquellas que operen combis, las cuales podrán recoger pasajeros directamente en aeropuertos y puertos.
La decisión fue anticipada por la Secretaría de Transporte este domingo, aunque las normativas definitivas serán publicadas en el Boletín Oficial en las próximas horas. Según fuentes oficiales, la medida busca fomentar la competencia, lo que eventualmente podría traducirse en una mayor oferta de servicios y precios más competitivos.
Cambios en la regulación y reacciones del sector
Las empresas del sector han mostrado preocupación por la implementación de esta desregulación. Si bien reconocen la necesidad de modernizar las normativas, no esperaban una apertura tan abrupta. Las cámaras que agrupan a las compañías de transporte advierten sobre una posible «saturación» del mercado debido a la entrada de nuevos competidores, lo que podría afectar la viabilidad de los actuales operadores. En particular, destacan que la eliminación de la obligación de cubrir ciertos destinos podría afectar la conectividad en algunas regiones.
Además, la desaparición de las bandas tarifarias, que regulaban los precios máximos y mínimos, es otro punto de incertidumbre. Esto abre la puerta a una competencia directa entre micros y combis, siempre que estas últimas cumplan con los requisitos de transporte.
Solicitudes de las cámaras empresariales
La Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (Aaeta) emitió un comunicado en el que expresó la necesidad de que la apertura del mercado sea gradual. También reiteró demandas históricas del sector, como la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos, la reducción de costos en las terminales de ómnibus, la eliminación de la burocracia excesiva, exenciones de patentes para vehículos de pasajeros y la eliminación de recargos en peajes.
En definitiva, mientras el gobierno asegura que busca aumentar la competencia y mejorar la oferta para los usuarios, las empresas temen que una liberalización repentina pueda desestabilizar el mercado, por lo que insisten en la necesidad de implementar estos cambios de manera escalonada.
Diario de Punilla