La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) revocó la Resolución 187/2025, que había generado un fuerte repudio al utilizar términos como «idiota», «imbécil» y «débil mental» para clasificar a personas con discapacidad intelectual. La medida, publicada en el Boletín Oficial el pasado 14 de enero, fue calificada como «una barbaridad» por especialistas y organizaciones de derechos humanos, quienes señalaron que violaba acuerdos internacionales contra la discriminación.
El contenido de la resolución
La polémica resolución establecía una clasificación de discapacidad intelectual basada en términos ofensivos y obsoletos:
- «Idiota»: para personas de 0 a 30 años.
- «Imbécil»: para personas de 30 a 50 años.
- «Débil mental profundo»: para personas de 50 a 60 años.
- «Débil mental moderado»: para personas de 60 a 70 años.
- «Débil mental leve»: para personas de 70 a 90 años.
Estas definiciones, propias de terminologías médicas desactualizadas, fueron criticadas por perpetuar estereotipos y estigmas hacia las personas con discapacidad.
El repudio generalizado
El Doctor Julen Bollain, especialista en estudios sobre desarrollo, fue uno de los primeros en denunciar la medida. A través de sus redes sociales, expresó: «El gobierno de Milei ha decretado que la gente con discapacidad sea clasificada como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’. Se ha publicado en el Boletín Oficial de la República de Argentina y viola acuerdos internacionales contra la discriminación. Es una barbaridad».
Organizaciones de derechos humanos, familiares de personas con discapacidad y especialistas en inclusión también se sumaron al rechazo, exigiendo la inmediata derogación de la resolución.
La respuesta de ANDIS
Frente a la ola de críticas, la ANDIS emitió un comunicado en el que reconoció el error y anunció la modificación de la resolución. «Queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta», explicó el organismo.
Además, la agencia prometió alinear la terminología con los estándares internacionales vigentes, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). «Esta corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación», aclararon, reafirmando su compromiso con un sistema de evaluación «justo, transparente y basado en criterios médicos».
El Diario de Punilla expresa su más enérgico rechazo a la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que utilizó términos como «idiota», «imbécil» y «débil mental» para clasificar a personas con discapacidad intelectual. Esta medida no solo representa un grave retroceso en la lucha por la inclusión y los derechos humanos, sino que también evidencia una falta de sensibilidad y respeto hacia un sector de la sociedad que históricamente ha enfrentado estigmas y discriminación. Aunque la ANDIS ha dado marcha atrás y prometido corregir el error, este episodio deja en evidencia la necesidad de una gestión más consciente y comprometida con los valores de la dignidad y la igualdad. Desde estas páginas, exigimos que las políticas públicas estén a la altura de los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias, y que nunca más se repitan actos que atenten contra su integridad y derechos. Gonzalo Goro Dir. Diario de Punilla
Cambios en el Certificado de Discapacidad
En paralelo, la ANDIS anunció una prórroga automática para los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que venzan en 2025, extendiendo su vigencia hasta 2026. Esta medida busca facilitar los trámites y garantizar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad.
Sin embargo, los CUD con fechas de vencimiento en 2022, 2023 o 2024 deberán renovarse durante el 2025, ya que no están incluidos en la prórroga.
Un llamado a la inclusión y el respeto
La rectificación de la ANDIS es un paso importante hacia la inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, el episodio dejó en evidencia la necesidad de revisar y actualizar las políticas públicas para evitar retrocesos en materia de derechos humanos.
Como bien señaló Julen Bollain, «es una barbaridad» utilizar términos discriminatorios en documentos oficiales. La sociedad argentina espera que este error sirva como aprendizaje para construir un futuro más inclusivo y respetuoso.
Diario de Punilla | Info Ámbito