Las adicciones a las drogas y la inseguridad son las principales preocupaciones de los habitantes de la provincia de Córdoba, según estudio realizado por la Oficina de Gestión Estratégica y Calidad (OGEC) y el Centro de Estudios y Proyectos del Poder Judicial local difundido hoy.
El relevamiento geolocalizado del equipo del Programa de Referentes Judiciales Comunitarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), fue acerca de las preocupaciones de la población, su mirada frente a las personas más vulnerables y los espacios de contención social, según publicó el sitio web oficial del Poder Judicial provincial.
La jefa del programa, Carolina Granja, manifestó a Télam que este es el primer relevamiento de este tipo que se realiza y surge como una «necesidad del Poder Judicial en implementar políticas públicas para acercar la Justicia a la ciudadanía y fortalecer el perfil del servidor público judicial a partir de acciones enlazadas con toda la comunidad» local . «Y tiene vocación de permanencia» en el tiempo, añadió.
La encuesta se realizó durante el 2022 con más de 1.400 entrevistas, tanto en barrios de la ciudad de Córdoba como en las distintas localidades del interior de la provincia, y los entrevistados fueron integrantes de diez sectores de la sociedad: religioso, educativo, salud, ONG, prensa, administración pública, cultural, deportivo, Justicia local y centros vecinales.
El trabajo sostuvo que cuatro de cada diez consultados también observan con alta preocupación la «pobreza», mientras que tres de cada diez mencionan a la «salud», los «conflictos vecinales» y «falta de servicios».
Entre otros datos, el estudio revela que la inseguridad se presenta con más fuerza en las opiniones de las personas que viven en capital (86%) frente a las que habitan en el interior provincial (58%).
Mientras que el problema de la droga se ve con más preocupación en el interior (75% de los encuestados) ante el 60% de las opiniones de capital.
Granja explicó que las encuestas se realizaron en 20 grandes ciudades, 87 barrios de la ciudad de Córdoba y 62 pequeñas localidades del interior que no tienen sedes judiciales o que las tienen alejadas.
«Trabajamos sobre tres ejes centrales: preocupaciones, personas o sectores afectados en sus derechos y lugares donde los habitantes se sienten más contenidos», explicó y a la vez se manifestó expectante con esta iniciativa de reflejar el estado social, porque «va a fortalecer el vínculo directo de la Justicia con cada comunidad, y de enlaces con otros sectores institucionales formales y no formales».
Asimismo, apuntó que desde el Poder Judicial, más allá de este relevamiento, «hay un compromiso de que los referentes judiciales permanezca en el tiempo y que se mantenga el perfil de servidor público», para de esa manera «evitar quedarnos con las miradas de los hechos acaecidos en un expediente, sino que podamos adentrar en aquellos dolores que puedan ser conflictos latentes y que también se transformen en expediente».
«Hoy tenemos un diagnóstico. Ahora tenemos que analizar y generar acciones» que, según dijo, «no todo depende del Poder Judicial, sino de un trabajo conjunto con otros organismos del Estado, incluso de la misma sociedad civil» para la provisión de las herramientas para dar respuestas a lo que demanda la población, particularmente a lo que hace a la «inseguridad, la droga y el alcohol», especificó.
Por su parte el párroco Mariano Óberlin, muy reconocido en Córdoba por su tarea social de lucha contra la drogadicción en chicos y adolescentes, se manifestó «muy preocupado» por el «avance del narcotráfico sobre la construcción del tejido social» de las nuevas generaciones.
Óberlin, hijo del desaparecido en la última dictadura Guillermo Óberlín, manifestó a Télam que «el reclamo por la inseguridad y el avance de la droga no es sólo una preocupación de los sectores socioeconómicos pudientes, sino que también se padece en los barrios vulnerables», como en su caso que trabaja en la parroquia del barrio Müller.
«Es lamentable escuchar a los chicos que ven el mundo narco como ejemplo a seguir. No ven un futuro próspero en la educación ni en el trabajo, y eso es lo que el Estado debe trabajar para revertir», consideró el cura que asiste a 40 chicos en su espacio de rehabilitación, y contiene a otros 700 en talleres de oficios, recreativos, deportivos y cutlturales.
También acompaña a 40 chicos que estudian de manera virtual mediante convenio con universidades, 700 chicos que pasan por talleres de oficios, receativos, deportivos, cultural.
«Si no se trabaja para cambiar el horizonte de expectativas, vamos a estar cada vez más complicado», alertó.
El estudio también detalla que entre los grupos sociales afectados en sus derechos, las opiniones de los entrevistados señalan a niñas, niños y adolescentes (NNA) y personas mayores como los que se ven más vulnerados.
Los consultados respondieron también acerca de los lugares donde encuentran más contención, las respuestas mayoritarias fueron las correspondientes a los centros deportivos, las iglesias o templos, las escuelas y los centros culturales o recreativos.
Fuente: Télam