«Nosotros, que nucleamos once familias y no hemos realizado pedido alguno de índole económica, solo luchamos y exigimos verdad y justicia», indicó un grupo de familiares de los tripulantes fallecidos.
Familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, agrupados en la querella que representa el abogado Alejandro Tagliapietra, negaron haber reclamado al Estado una indemnización de 44 millones de dólares, al salir al cruce de una publicación periodística.
«Nosotros, que nucleamos once familias y no hemos realizado pedido alguno de índole económica, solo luchamos y exigimos verdad y justicia. No abonamos este tipo de reclamos y menos aún en este momento decisivo en distintos ámbitos», señaló este grupo de familiares a través de un comunicado.
En ese sentido, el grupo patrocinado por Tagliapietra, padre de Alejandro, oficial a bordo del sumergible siniestrado en noviembre de 2017, aseguró que se supeditan «a lo que la justicia determine oportunamente, independientemente de la propuesta que el poder ejecutivo realice por fuerza de ley».
«Por último, queremos decir que este tipo de manifestaciones es de una enorme irresponsabilidad en virtud de la situación de inseguridad que vive nuestro país. Noticias de este tipo pueden inferir que poseemos dinero que no tenemos ni tendremos, porque apelamos a la responsabilidad de las partes para que, quien considere hacer un reclamo de este tipo, lo realice por las vías correspondientes y la reserva correspondiente», subrayó el grupo en esta comunicación.
La misiva lleva la firma de Jorge Lucio Suarez, Maria Rosa Belcastro Rumi, Esther Rojas, Luis Antonio Niz, Claudio Rodríguez Ramos, Vero Lazarte, Miguel Toconas, Luisa Alfaro Rodríguez, Andrea Mereles, Isabel Vilca, Daniela Mariana Leiva, Gustavo Leiva, Martin Rodriguez, Poly Celeste Alfaro, Esther Alfaro, Jesica Paola Medina, Rafael Medina, Marisa Tomaba y Luis Tagliapietra.
La investigación por el hundimiento
El Consejo General de Guerra que investiga la responsabilidad de ocho oficiales de la Armada Argentina en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, recibió esta semana el alegato de apertura, escuchó a las defensas de los imputados e inició la etapa de producción de pruebas de la parte acusatoria con la declaración de peritos.
Las actuaciones del Consejo General de Guerra comenzaron el 25 de noviembre pasado en el Edificio Libertador para investigar la responsabilidad militar en el siniestro del submarino, en el que murieron sus 44 tripulantes.
En la audiencia del lunes, el Oficial Auditor Instructor, comodoro Ricardo Méndez, realizó su alegato de apertura «pronunciándose en orden respecto de los presuntos infractores», informó en un comunicado el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
En esa oportunidad, también hicieron uso de la palabra las defensas de las partes, quienes alegaron en relación a los hechos imputados, mientras que en la audiencia del miércoles se inició la etapa de producción de pruebas de la parte acusatoria con la declaración de peritos.
El Consejo investiga la responsabilidad del exjefe de la fuerza Marcelo Srur y los contralmirantes Luis López Mazzeo y Eduardo Malchiodi y el capitán de navío Carlos Ferraro, todos pasados a retiro.
También son investigados Claudio Villamide, Héctor Alonso, Hugo Correa y Jorge Sullia, todos ellos en actividad.
Además, se sigue una causa judicial por el hundimiento en la que instruye la jueza federal de Caleta Oliva Marta Yáñez, cuya competencia en el caso fue ratificada por un fallo de Casación.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó en noviembre pasado determinar la eventual responsabilidad penal del expresidente Mauricio Macri, del exministro de Defensa Oscar Aguad y del exjefe de la Armada Marcelo Srur en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 17 de noviembre de 2017, tal como habían reclamado los familiares de los 44 tripulantes, informaron fuentes judiciales.
En tanto la jueza María Eugenia Capuchetti investigan las posibles irregularidades ocurridas en el trámite de la contratación directa 4/2018 a través del sistema Comopr.ar mediante la cual se sugirió la pre-adjudicación de Igeotest Geosciences SL para la búsqueda del submarino que había desaparecido.