El expresidente peruano Pedro Castillo acusó a la Fiscalía, al Congreso y a la actual presidenta, Dina Boluarte, de dirigir un «plan maquiavélico» en su contra, en sus primeras declaraciones públicas desde que fue destituido y detenido tras disolver el Congreso.
A través de una carta publicada anoche por el congresista Guillermo Bermejo, el expresidente de izquierda dijo que varias personas lo «obligaron a sacarse una muestra» de sangre el viernes y que lo volvieron a hacer el sábado.
«En la tarde de ayer un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento, igualmente el día de hoy, volvieron con lo mismo por haberme negado, por seguridad y mi integridad», denunció.
Este viernes se hizo público que un equipo de médicos legales de la Fiscalía iba a visitar al expresidente para tomar muestras con el fin de realizar una prueba toxicológica con la que determinar si Castillo estaba bajo los efectos de alguna sustancia cuando pronunció el discurso por el que disolvió el Parlamento y estableció el estado de excepción.
La noticia que se dio a conocer después de que Bermejo sugiriese que Castillo «no se encontraba en sus facultades» cuando cometió los actos que están siendo juzgados como un delito de rebelión.
El propio congresista demandó el viernes que se le realizase esta prueba para dirimir si había sido un movimiento «inducido».
Sin embargo, Castillo ha afirmado que no descarta que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el Congreso de la República y Boluarte estén dirigiendo «este plan maquiavélico», informó la agencia de noticias Europa Press.
Boluarte asumió la presidencia luego que el Congreso destituyera el miércoles pasado a Castillo, quien había ordenado disolver la legislatura y gobernar por decreto; lo cual fue ignorado por los parlamentarios que inmediatamente lo destituyeron.
Castillo, un maestro rural de 53 años que llegó al poder en julio de 2021, fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo y fue puesto el jueves en prisión preventiva por siete días.
La Fiscalía lo acusa de rebelión y, de ser hallado culpable, enfrentaría entre 10 y 20 años de prisión.
Fuente: Télam